Juan Guerra dice que revelara quién lo puso en el despacho oficial

Será la quinta vez, que no la última. Juan Guerra volverá mañana a la Audiencia de Sevilla para sentarse de nuevo en el banquillo, acusado ahora de malversar. caudales del Estado y de suplantar la personalidad de un funcionario público. Dicho de otro modo: El, origen del llamado Caso Juan Guerra será por fin enjuiciado tras cinco años de investigación y diligencias. Juan Guerra promete desvelar de quién partió la orden para que se instalara en 1982 en la sede gubernamental de la Plaza de España con el cometido de llevar los asuntos de su hermano Alfonso, entonces vicepresidente del Gobierno y, de paso, realizar algunos de los negocios privados de su red de empresas durante los siguientes siete años.

El padre de todos los sumarios, el juicio más político, y el único que no cuenta con la acusación del fiscal, contará además como testigos con tres ex delegados del Gobierno socialista en la comunidad andaluza: Tomás Azorín, Leocadio Marín y Alfonso Garrido. Las penas solicitadas: entre seis y nueve años de prisión.Juan Guerra ha prometido hablar en esta ocasión ante el juez y expresar su malestar por lo que considera "un contrasentido", que por el uso presuntamente ilícito del famoso despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía se le pidan cuentas a él, y no a quienes le autorizaron a usarlo.

Además, Juan Guerra ha vuelto a amenazar -a falta aún del juicio que tiene pendiente también por defraudación a la Hacienda Pública: tres delitos por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y dos por el Impuesto de Sociedades- con emprender acciones penales contra todos aquéllos que le ha atacado.

La historia se inició cuando a Serafín Núñez, alcalde de Barbate, se le ocurrió desvelar su nombre, el 30 de diciembre de 1989, como el del impulsor de una proyecto urbanístico, ubicado en terrenos militares, y denominado Puerto de la Plata.

El objetivo de Guerra es, según dice, rehabilitarse ante la sociedad, "no por mí, sino por los que me quieren

Desde su retiro en un chalé de Conil (Cádiz), en la urbanización Roche, ha concedido una entrevista para Canal Sur Televisión -se emite hoy en el programa Los Reporteros-, en la que critica a los jueces por pedirle explicaciones a él sobre un asunto que ordenaron otros. "Yo entro allí [en el despacho] porque me ha autorizado otro, no porque me dé la gana", afirma en la entrevista.

Juan Guerra, de 53 años, dice atravesar ahora por dificultades económicas después de que el juez Márquez le embargara durante la instrucción de su caso casi todos, sus bienes, y aunque en la puerta del- chalé un Audi plateado haya completado recientemente su flota automovilística familiar formada por un Mercedes, un todoterreno y un pequeño utilitario. Sus vecinos aseguran, sin embargo, que ya ha reemprendido sus negocios. con un "nuevo despacho", al que en Roche denominan "el chiringuito", y que se encuentra frente a la urbanización donde reside, en el llamado Barrio Nuevo, y en la conocida como Venta El Colorao.

El caso Juan Guerra alcanza ahora su quinto juicio tras una larga competición judicial en la que el hermano del número dos del PSOE gana por 3 a 1. En diciembre de 1992 fue condenado en primera instancia a un año de prisión. y a 15 millones de multa por un delito fiscal derivado de la llamada trama Fracosur.

Posteriormente, avanzado 1993, Juan Guerra fue absuelto de este asunto al considerar la sección primera de la Audiencia de Sevilla el argumento de sus abogados defensores y afirmar que, pese a las irregularidades mercantiles de la sociedad Fracosur (siglas de un nombre nunca conocido), no defraudó al erario público.

Una condena del Supremo

Las tres siguientes sentencias le fueron favorables: Absuelto en el caso Comasa (obtención subvenciones para un hotel en terrenos de una empresa municipal), en el de Litomed (desvío de enfermos desde la sanidad pública a una clínica privada de litotricia), y en el de Fridex (maquinación y prevaricación por la compra-venta de terrenos a. Ensidesa a bajo precio y su posterior intento de recalificación).

Sin embargo, este último triunfo, fallado en julio de 1993 precisamente por el mismo tribunal al que se volverá a enfrentar mañana, fue revocado en el Tribunal Supremo,, que le condenó un año después, en junio de 1994, a seis años de inhabilitación especial por un delito de inducción a la prevaricación.

"El caso de. Juan Guerra supuso la judicialización de la política y el gobierno de los jueces', algo que es negativo, pero también se consiguieron asuntos positivos como la regulación del tráfico de influencias y de determinadas prácticas bancarias. Este caso ha permitido demos trar que también hay fórmulas de control de las mayorías abso lutas". Quien así se expresa es Manuel Fernández del Pozo, abogado de Izquierda Unida en el caso y el único que no ha sido sustituido en los cinco años de duración del proceso.

Esta acusación particular ha solicitado para Juan Guerra una condena de seis años y un día de prisión por malversación de fondos públicos y, subsidiariamente, una condena ' de dos años y cuatro meses de cárcel por ursurpación de funciones.

Fernández del Pozo manteniene con un símil que Juan es "sólo la pistola que manejaron otras manos". Según el letrado, en la persona a la que Juan debía asistir en el despacho, es decir, en Alfonso Guerra, se confundían sus tres funciones, la de vicepresidente del Gobierno, la de máximo dirigente del PSOE, y la de persona particular.

Emilio Lechuga, abogado de la acusación del Partido Andalucista (PA) y concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento sevillano, admite el calificativo' de "juicio político", aunque añade que "el objetivo era acabar con una forma de actuar en política".

Lechuga defenderá durante la vista una petición de condena, de nueve años de prisión e inhabilitación especial por un delito de malversación de caudales públicos cifrado en un 1.100.000 pesetas, coste determinado por los peritos que evaluaron cuánto costó el despacho utilizado por Juan Guerra.

La tercera acusación popular es la del empresario José María Ruiz-Mateos, representada por el letrado- Marcos García Montes. Éste demanda también nueve anos por malversación.

Multitud de visitantes

Todos ellos han citado como testigos a los tres ex delegados del Gobierno en Andalucía; al secretario particular de Alfonso Guerra, Rafael Fali Delgado; a su so cios más representativos; a unos cuantos de la multitud de visitan tes del famoso despacho; a mili tantes del PSOE; a los policías de servicio en la citada sede y a los secretarios generales de la misma. También todos citaron a Al fonso Guerra, quien se acogió a su derecho de no declarar como testigo en un juicio en el que el acusado era un familiar.

En total, una treintena de personas que desfilarán por la Audiencia sevillana en jornadas de mañana y tarde a partir de mañana lunes, si la causa no vuelve a aplazarse.