Investigación pública + investigación privada

El IV Programa Marco del I+D de la Unión Europea, dotado con 1,9 billones de pesetas para el periodo 1994-1998, pone especial énfasis en la participación de las industrias en los diferentes programas específicos y actividades que lo componen. Uno de los objetivos esperados de la participación de las empresas es contribuir al aumento de la competitividad, crecimiento económico y creación de empleo en el conjunto de la Unión Europea. Al mismo tiempo, los Estados miembros de la UE y otros países, desarrollados, notablemente Japón y EE UU, han establecido políticas científicas nacionales, que incluyen igualmente una serie de medidas que estimulan la innovación en las empresas a través de la investigación y el desarrollo tecnologico, y facilitan la transmisión de conocimientos y tecnología desde los centros financiados con fondos públicos a las empresas. Queda, pues, patente que la participación empresarial en I+D y la cooperación entre el sector público y el privado es una ambición de todos los países desarrollados.El estímulo directo a la innovación en las empresas, a través de las políticas científico-tecnológicas nacionales, se suele concretar en subvenciones para la realización de proyectos y desgravaciones fiscales por actividades de I+D. Aunque es difícil alcanzar la unanimidad entre todas las partes interesadas para priorizar determinados sectores o empresas, las políticas tecnológicas de estímulo son aplicadas, sin excepción, por todos los Gobiernos de los países desarrollados.

En todos los países, un porcentaje importante de la I+D se realiza en centros públicos. En España, según datos de la OCDE, los centros públicos de investigación realizan el 46% de la I+D. Asimismo, el porcentaje de inversión en I+D del sector privado en España, que representa el 48% del total del Estado, se acerca a la media de la Unión Europea (52%) y supera o iguala a países como Portugal, Grecia, Francia e Italia. Con esta división porcentual entre el sector público y el privado es lógico que los responsables de política científica de todos los países desarrollados se hayan preocupado de establecer medidas que permitan una mayor colaboración entre la I+D que se realiza en el sector público y la del sector privado. Existe una larga lista de acciones emprendida, diferentes países, incluida España, como la creación de centros de interfaces entre el sector público y el privado, el estímulo al intercambio de personal, la disponibilidad de bases de datos de conocimiento y tecnología disponibles, etcétera. Son las acciones que podríamos calificar como de transferencia de tecnología de forma directa o indirecta.

Resultaría relativamente fácil llegar a un consenso sobre la libertad del sector privado en determinar dónde y cómo. realiza sus inversiones en I+D. La cuestión resulta mucho más debatible si nos referimos al sector público. Sin embargo, y sin ignorar el amplio espectro de opiniones que genera esta cuestión, la opción de los responsables de la política científica en los países desarrollados ha sido clara: el sector público debe dedicar una parte importante de su actividad a realizar, con fondos públicos y también por contratación con el sector privado, I+D que resulte de interés para el sector productivo, como medio de generar riqueza que finalmente redunde en bienestar para los ciudadanos. Un buen ejemplo de ello es la orientación que se ha dado al IV Programa Marco del I+D de 1a Unión Europea, tal como hemos comentado más arriba.

Puestas así las cosas surge una serie de preguntas clave, entre las que quiero destacar solamente una de ellas: ¿qué acciones deben emprenderse para que la transferencia de conocimiento y tecnología desde el sector público al privado sea más satisfactoria de lo que ha sido hasta hoy? Aunque esta pregunta se ha formulado una y otra vez, sin que hasta el momento se haya obtenido una respuesta generalizable y enteramente satisfactoria, nunca se ha puesto en duda que este tipo de acciones debían llevarse a cabo.

Las fórmulas ensayadas hasta el momento, para expresarlo en forma gráfica, han consistido en la construcción de puentes de diversa naturaleza entre el sector público y el privado, la mayoría de los cuales han demostrado una enorme fragilidad. Siguiendo la misma imagen, debemos acercar las estructuras para que los puentes sean de más fácil construcción, y, aún más, sería conveniente incluso evitar, en la medida de lo posible, la construcción misma de puentes. En otras palabras, es imprescindible realizar investigación conjunta para que la transmisión sea directa y, en consecuencia, sencilla y poco costosa.

La realización de I+D conjunta entre el sector público y el privado se ha venido estimulando ya en nuestro país a través de diversas acciones (proyectos PETRI, proyectos concertados). También, en esta línea, se han ensayado fórmulas que fa vorecen la cesión temporal de investigadores públicos a la empresa y viceversa. Estas fórmulas, aunque de alcance modesto, no deben ser abandonadas. Globalmente, el resultado ha sido positivo, pero, probable mente, no ha sido determinante. Por ello, el Plan Nacional de I+D está considerando una revisión crítica de estás acciones, con el exclusivo objetivo de me jorarlas.

Un medio para poner en práctica la I+D conjunta es el establecimiento de redes, con la ayuda de las autopistas de la información, como instrumento que recibirá cada vez mayor atención. Sin embargo, la expresión más cabal de la realización conjunta de proyectos de I+D entre el sector público y el privado, con los objetivos repetidamente mencionados, es que la I+D se lleve a cabo bajo el mismo techo. Ésta es una fórmula mixta poco ensayada y que sin duda resulta prometedora, aunque no exenta de problemas.

La fórmula mixta supone reunir los equipos de investigación y desarrollo tecnológico, aunar esfuerzos económicos, utilizar la misma infraestructura, la misma biblioteca y compartir el progreso. Esta fórmula está basada conceptualmente en una lógica impecable. Por esta razón es una fórmula que tiene que ser apoyada; que, sin duda, puede calificarse de novedosa. Éste es el caso de acciones iniciadas recientemente en España, entre las que podemos citar: el establecimiento de un grupo de interés económico entre el Centro Nacional de Microelectrónica (CSIC) y diversas empresas, el acuerdo entre el Centro Nacional de Biotecnología (CSIC) y Pharmacia, el desarrollo de Centros Técnicos Nacionales de Conservas Vegetales (Navarra) y de Productos de la Pesca (Galicia).

No cabe duda, sin embargo, de que la cautela en la elaboración del consiguiente acuerdo de colaboración es absolutamente necesaria. Efectivamente, estamos tratando con dinero público, procedente, por tanto, de los impuestos de los ciudadanos. La precaución debe basarse en un análisis ponderado que determine el eventual beneficio mutuo y, en el caso del esfuerzo público, en el valor añadido que supone su contribución a la competitividad de las empresas, en general.

Finalmente, es lógico pensar que el personal de I+D altamente cualificado que ha sido formado con cargo a fondos públicos necesita una salida no sólo en la Administración, sino también en el sector productivo. Ello necesita estímulos y, ciertamente, uno de ellos será la realización de I+D conjunta, con la fórmula mixta, que permita a los empresarios seleccionar a licenciados y doctores que se adapten sin dificultad al ambiente empresarial.

Enric Banda es secretario general del Plan Nacional de I+D.