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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Aun ano vista

EL ACUERDO que socialistas y nacionalistas catalanes han solemnizado en el debate del estado de la nación refuerza objetivamente al Gobierno, pero el episodio protagonizado por Pérez Mariño, ha vuelto a poner de relieve la vulnerabilidad de la actual mayoría frente a acontecimientos imprevisibles. Al mismo tiempo, las críticas de que ha sido objeto Aznar -bien por no haber obedecido a quienes le exigían mayor ferocidad y más espectáculo, bien por no haber convencido a quienes esperan pronunciamientos más claros sobre sus intenciones- revelan la debilidad de la alternativa. El cruce entre ambas debilidades es lo que amenaza a la estabilidad política e indirectamente a la recuperación económica. Una respuesta responsable y coherente con esa doble debilidad sería intentar ampliar la base del consenso estableciendo un calendario aceptable para las principales fuerzas de la oposición a partir de un compromiso de convocar elecciones en el primer trimestre de 1996.Despejada esa incógnita, sólo permanecerían como factores potenciales de incertidumbre los derivados de las incidencias judiciales y el riesgo de ruptura del Grupo Socialista. Sobre lo primero, lo único que cabe hacer es dejar trabajar a los jueces, sin confundir el derecho individual de defensa con la instrumentalización política de esa defensa para la autoexculpación política. Pero sin confundir tampoco la responsabilidad política con la Inculpación penal individual.

Sobre lo segundo, el episodio de Pérez Mariño de

muestra que no está del todo superado el riesgo de ruptura interna del Grupo Socialista; y bastaría que afectase a dos o tres diputados para que la alianza. PSOE CiU (176 escaños) quedase en minoría. El episodio es también sintomático de la compatibilidad entre la falta de credibilidad de los políticos y la credulidad del público: esa combinación garantiza el éxito de cualquier iniciativa individual que refuerce la desconfianza hacia los partidos. La puesta en escena del desmarque de Pérez Mariño ha sido demasiado estudiada como para no resultar sospechosa. Pero ello mismo indica la debilidad de la posición de un Gobierno que en 1993 asumió graves riesgos al ir a buscar precisamente en la magistratura los avales que. necesitaba para acreditar la sinceridad de su própósito de enmienda respecto a la corrupción. Como en tantos otros terrenos, las letras que entonces se firmaron han vencido en el momento más inoportuno para el Gobierno.Uno de los efectos más lamentables del fracaso de la experiencia es que viene a dar la razón a los sectarios -los hay en todos los partidos- que siempre consideraron incompatible la coherencia política con la libertad decriterio que los independientes vendrían a aportar a los grupos parlamentarios. Las comisiones electorales se lo pensarán dos veces antes de incluirlos en sus listas; sobre todo, si son jueces: la tendencia de muchos magistrados a juzgar los acontecimientos políticos como si de pleitos judiciales se tratase puede resultar devastadora. En todo caso, lo ha sido para el Gobierno de Felipe Gonzáléz, cuya reconocida victoria parlamentaria en el debate del miércoles se vio casi anulada el jueves por el gesto de Pérez Mariño.

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Resulta bastante hipócrita que quienes cada día convierten la política en un espectáculo traten de descalificar a González con el argumento de que si derrota a Aznar en los debates no es por sus ideas, sino por su habilidad polémica. La política parlamentaria se basa en la sustitución del enfrentamiento físico por el dialéctico; hay muchas personas inteligentes sin talento para la oratoria, pero quien no sea capaz de argumentar -y rebatir argumentos en público, podrá ser un buen administrador, pero difícilmente un líder político. Sin embargo, lo peor ha sido la descalificación de que ha sido objeto Aznar por parte de quienes le aleccionaron para que convirtiera el debate en un espectáculo como el que ellos despliegan cada día en sus medios: que renunciase a cualquier argumento diferente al de la corrupción, que acusase al presidente del Gobierno de ser el señor X, etcétera. Puede que Aznar no sea un gran parlamentario, pero que el probable sucesor de González evitase deslizarse por la. senda de la demagogia y la irresponsabilidad a que le incitaban es más digno de elogio que de crítica; sobretodo porque sabe que no le perdonarán esa desobediencia.

En todo caso, más significativo que la opinión de los ciudadanos sobre quién ha ganado o perdido, el debate es que los sondeos indican que ni González ni Aznar gozan de la confianza mayoritaria de los ciudadanos; y que siguen siendo más numerosos los partidarios del adelanto electoral que del agotamiento de la legislatura.Hubiera sido preferible que el Gobierno se sometiera a una cuestión* de confianza, pero la fórmula elegida, votación parlamentaria de un programa político con vigencia, en principio, hasta el próximo debate, sobre el estado de la nación, permite despejar algunas incógnitas: las que dependían del Parlamento mismo. Sobre todo, contiene el compromiso de que el nacionalismo catalán no romperá el pacto cualesquiera que sean los resultados de las elecciones locales de mayo, en las que Miquel Roca disputará a los socialistas la alcaldía de Barcelona.

Sería deseable que Aznar se convenciera de que ese escenario no sólo es el más probable, sino el más conveniente para sus intereses. La insistencia en la exigencia de adelanto electoral como respuesta genérica a todos los problemas tiene poco sentido: es inverosímil y además cansa o irrita, según los casos, al electorado. Estos doce meses le permitirían precisar y difundir sus alternativas en los diferentes sectores e ir dando a conocer al equipo con que cuenta para llevarlas a efecto.

Es una constante que los Gobiernos acusen de inconcreción programática a la oposición: usted critica mucho, pero ¿qué haría en mi lugar? Eso fue lo que Luis Gámir, entonces ministro de la UCD, espetó en 1980 a un jovencísimo Carlos Solchaga en el debate de la moción de censura presentada por los socialistas. El futuro ministro de Economía de Felipe González respondió diciendo que sus soluciones las conocería Gámir cuando le cediese el lugar que ocupaba en el banco azul. Pero lo cierto es que a lo largo de 1982, cuando la descomposición de la UCD fue evidente, los socialistas hicieron compatible su política de desgaste del Gobierno con iniciativas oríentadas a difundir sus propios proyectos y a presentar a los que luego serían ministros.

El problema de Aznar no es de tibieza en los ataques, como le reprochan los amigos de las emociones fuertes, sino que, como le amohestó Pujol hace meses, no acaba de precisar qué piensa hacer con el poder cuando lo tenga. La idea de que un retraso de las elecciones hasta que se manifiesten los efectos de la recuperación económica perjudicaría las expectativas de Aznar carece de fundamento. De hecho, en 1993 la negativa percepción de la situación económica fue lo que propició el vuelco de última hora de los indecisos en favor de González. Por lo mismo, también carece de fundamento el cuestionamiento del liderazgo de Aznar por algunos sectores de la derecha más frívola. Cualquier movimiento en esa dirección supondría desandar un camino hacia el centro que ha permitido al PP convertirse en alternativa.

Una ampliación del. acuerdo también implica que los socialistas renuncien a su pretensión de identificar estabilidad con agotamiento de la legislatura. Tal como están las cosas, la estabilidad depende sobre todo de la ampliación del consenso sobre el calendario político. Dar a la oposición garantías de que en el plazo de un año, con los Presupuestos aprobados, se celebrarán elecciones generales sería un acto de responsabilidad. Sería, sobre todo, una salida razonable para hacer que los partidos comiéncen a mirar al futuro y no siempre al espejo retrovisor. Y puede apostarse a que la mayoría de los ciudadanos lo agradecerían.

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