Fichas íntimas

ES DIFÍCIL encontrar un caso en el que se conculquen a la vez tantos derechos constitucionales como el de las fichas informáticas de identificación ciudadana ideadas por la Policía Municipal -de Valencia. Clasificar a las personas por razón de su raza, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social constituye un ataque en toda regla a la Constitución. Pero hacerlo desde las instancias de un cuerpo policial, cuya razón principal de ser es precisamente proteger los derechos de los ciudadanos, es además una burla.Al margen de la dudosa necesidad de esta encuesta de la policía local valenciana con vistas a una imprecisa política social, lo grave de este esperpento estadístico del que han sido víctimas unos mil indigentes callejeros, es que clasificaba a estos ciudadanos bajo conceptos tan aleatorios e improcedentes como: negro, homosexual, epiléptico, demente o enfermo de sida, entre otros. En el fondo, esta brutal indagatoria no sólo atenta a la intimidad de las personas, sino que criminaliza determinados estados de salud, determinadas razas o tendencias sexuales. Rita Barberá, la alcaldesa valenciana del PP, ha tenido una reacción que ya empieza a ser un triste hábito en todos los partidos afectados por un escándalo: ahorrarse indagaciones con la excusa de aguardar decisiones judiciales e intentar contener la responsabilidad política en el nivel más bajo posible.

Igualmente preocupante es que el fiscal encargado del caso prologue su actuación advirtiendo que es difícil encuadrarlo en algún artículo del Código Penal. Si ninguno de los apartados relativos a los delitos contra el derecho de las personas del citado código permite tipificar estas conductas, realmente las prisas para su reforma son todavía mayores.

El PSOE atacó legítimamente esta vergonzosa encuesta, pero a los pocos días estallaba otro asunto preocupante y del que es responsable la Generalitat valenciana, donde gobiernan los propios socialistas. Los alumnos del Instituto Valenciano de Seguridad Pública, que forma a los futuros agentes, tenían que superar una prueba de 566 cuestiones en la que debían confesar si creían en la segunda venida de Cristo o si observaban algo irregular en sus órganos sexuales. Se trata de un caduco examen que la Escuela de Policía de Cataluña retiró hace tiempo ante las protestas sindicales. Su obsoleta técnica de calibración psicológica presenta, además, el peligro del uso posterior de esta información íntima.

Estos dos lamentables episodios ponen en evidencia una denunciable curiosidad de la Administración por conocer la vida íntima de los ciudadanos y una manera de hacerlo en la que no preocupa ni la legalidad de la encuesta ni el control posterior sobre el uso de estos datos por parte de la propia Administración.