Café y achicoria

Hoy comienza el debate sobre el estado de la nación, una costumbre anual implantada por los socialistas en 1983 con mejores intenciones que resultados. Esos tediosos plenos han salido desarrollarse en una indiferente tierra- de nadie, situada entre la yuxtaposición de temas monográficos y el análisis de cuestiones generales. Pero la crispación de las últimas semanas explica que esta vez la convocatoria del debate, usualmente presidida por una somnolencia rutinaria, se vea rodeada de una gran expectación. La reiterada negativa de Felipe González a presentar su dimisión o a convocar elecciones anticipadas hacía inexcusable que el Congreso discutiera la crisis política producida por las investigaciones-judiciales en torno a los fondos reservados y alas implicaciones de los aparatos del Estado en los crímenes perpetrados por los GAL entre 1983 y 1987. Pero las oscuras reticencias de Jordi Pujol a que sus 17 diputados respaldasen la cuestión de confianza eventualmente planteada por el presidente del Gobierno dificultan el recurso a esa eficaz fórmula parlamentaria para despejar incertidumbres. A fin de dar una salida a esa situación de bloqueo, el PSOE y CiU han decidido encomendar de manera inadecuada al debate sobre el estado de la nación las funciones propias de la cuestión de confianza, saboteada por el presidente de la Generalitat.Sin embargo, los sucedáneos rara vez consiguen desplazar a los productos originales; los españoles que Padecieron las estrecheces de la postguerra distinguían muy bien entre el café y la achicoria. En abril de 1990, cuatro meses después de su tercera investidura como presidente del Gobierno, Felipe González se consideró obligado políticamente a plantear la cuestión de confianza; el puntilloso motivo de esa decisión fue la definitiva llegada al Congreso de los 18 diputados cuyas credenciales por Murcia, Pontevedra y Melilla habían sido impugnadas ante elTribunal Constitucional a causa de irregularidades en el escrutinio electoral. Pero, si hace cinco años los escrúpulos democráticos animaron al jefe del Ejecutivo a pedir su revalidación parlamentaria, los 'argumentos para dar ese mismo paso son ahora mucho más fuertes y están mejor fundados.

En efecto, el otorgamiento formal del apoyo renovado del Congreso resulta casi obligado tras un periodo marcado por los escándalos políticos (el caso Rubio, el caso Roldán y el caso GAL) y por la derrota del PSOE en las elecciones europeas. Sólo la cuestión de confianza permitiría a Felipe González recibir esa reinvestidura simbólica que la situación de inestabilidad parece exigir un año y siete meses después de que la Cámara Baja le designase por cuarta vez presidente del Gobierno.. Pero González no parece dispuesto a correr el mas mínimo riesgo en lo que respecta a su continuidad al frente del Ejecutivo: mientras los 175 escaños del PSOE le ponían a salvo en abril de 1090 de cualquier posibilidad de remoción de su cargo, en febrero de 1995 los 159 diputados socialistas no habrían bastado para protegerle por anticipado de ese peligro si se hubiese atrevido a plantear la cuestión de confianza sin la previa aprobación de los nacionalistas catalanes.

Rebajado su alcance y descontado su resultado, el debate del estado de la nación servirá de marco para una resolución conjunta del PSOE y de CiU que fijará el programa de actuaciones durante los dos periodos ordinarios de sesiones de 1995 (de febrero a junio y de septiembre a diciembre). No se trata, por consiguiente, de un pacto para el resto de la legislatura; así como la barroca medida del cuarto y mitad de los tenderos de barrio no se ajusta a las pautas normales de pesada, tampoco este extraño acuerdo para dos periodos ofrece un formato parlamentario regular. E incluso la viabilidad de este modesto arreglo, pensado para cubrir la presidencia española de la Unión Europea, dependerá de los escándalos políticos y de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28M.