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La posición de García Vargas abre el debate sobre cómo reducir el déficit en un billón de pesetas en 1996

Las declaraciones de¡ ministro de Defensa, Julián García Vargas, a favor de que el recorte presupuestario se haga en mayor medida sobre prestaciones sociales que sobre otras partidas levantó ayer una intensa polvareda. Otros miembros del Gobierno y partidos políticos se manifestaron en contra. Las declaraciones de García Vargas, en cualquier caso, han servido para abrir el debate sobre el volumen de gastos sociales que puede asumir la sociedad, la forma de financiar las prestaciones sociales y, principalmente, en dónde reducir el billón de pesetas de déficit en 1996, como pretende el Gobierno.

El vicepresidente del Gobierno y varios ministros, incluido el propio titular de Defensa, salieron ayer a matizar las declaraciones que el día anterior hizo Julián García Vargas sobre los problemas derivados del recorte presupuestario. Curiosamente, las centrales sindicales no quisieron hacer ningún tipo de comentario al respecto y en el PP el portavoz de infraestructuras, Jesús Posadas, dijo "que el recorte presupuestario debería hacerse con cargo a los gastos corrientes y no a los de inversión".Narcis Serra afirmó que García Vargas "comparte la prioridad del Gobierno de controlar el déficit y que aplicará el recorte que le corresponda a su ministerio". En la misma línea se manifestó Javier Solana, titular de Exteriores, al señalar que "proteger la protección social obliga a tomar medidas o pequeños ajustes, de modo que se racionalice el gasto". Las ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, afirmó que "quizá hay que racionalizar el gasto, pero es difícil dar marcha atrás en el Estado del bienestar". El ministro de Defensa explicó ayer en la SER que para resolver al problema del déficit "hay que buscar ingresos públicos nuevos".

El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martínez Robles, decía que "somos firmes defensores del mantenimiento del Estado de bienestar, pero todo esto exige esfuerzo y creo que García Vargas ha querido señalar esa dificultad de hacer compatible esto con los objetivos de industria, infraestructuras o defensa que tenemos".

El ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, dijo en París que "en el Gobierno existe un pleno consenso sobre el mantenimiento del actual nivel de prestaciones sociales y sobre el reparto presupuestario", precisando, que "García Vargas se limitó a: reaccionar con la lógica contrariedad por los recortes sufridos en el presupuesto de su ministerio", informa Enric González.

Aunque estas son las declaraciones públicas de los responsables del Gobierno, lo cierto es que el debate sobre el nivel del Estado de bienestar ha vuelto. Puede que no sea este año el momento de encontrar una solución firme que permita reducir el déficit público de forma sustancial, pero si se quiere hacer realidad lo que se señala en Hacienda -"hay un plan de convergencia que se debe cumplir"- es necesario que se empiece a actuar sobre las grandes partidas del presupuesto, no sobre las pequeñas.

Las grandes partidas

El ministro de Economía, Pedro Solbes, ha dicho en repetidas ocasiones que en 1996 hay que reducir el déficit público en un billón de pesetas, lo que representa un crecimiento cero de los gastos para el próximo año. Este ahorro, señalan numerosos expertos del sector público y del sector privado, "sólo puede hacerse si se toman medidas en las grandes partidas de gastos -pensiones, salarios de funcionarios, subvenciones a empresas, gastos fiscales de empresas, gastos sanitarios...- y, no sólo en las partidas presupuestarias".

"El Estado del bienestar tiene unos objetivos a los que no se puede renunciar", señala José Juan Ruiz, director del Servicio de Estudios de Argentaria, "pero ello no significa que necesariamente el Estado tenga que ser el suministrador único de los bienes y servicios que explican ese Estado del bienestar". Para Ruiz el objetivo de reducción del déficit público debe acelerarse pero antes de actuar en temas sociales, puede ser preferible recortar las ayudas a las empresas, que, entre subvenciones públicas y privadas y asunción de pérdidas de las públicas representan tres billones de pesetas anuales".

"En algún momento habrá que cortar los gastos sociales" dice Carmen Alcaide, del BBV. "Si apenas hay ya margen de actuación en los gastos corrientes, si no se puede apretar más en los salarios de los funcionarios, si el recorte en inversión no puede avanzar ya mucho, son las otras partidas las que deben ajustarse", señala.

Medios cercanos a Economía añaden: "Si después de un presupuesto restrictivo como el de 1994, se da un respiro en 1995, resulta que el esfuerzo en 1996 tiene que ser mayor". La discusión se plantea en cómo reducir algunos gastos o cómo lograr ingresos adicionales que compensen partes de estos gastos porque lo que parece que no se plantea, al menos por ahora, es eliminar parte de los gastos sociales.

Desde la implantación de algún impuesto indirecto que ayude a financiar parte de los gastos sanitarios que ahora se pagan con cargo a las cotizaciones sociales al pago -simbólico o no- de algunas de estas prestaciones por parte de los usuarios mediante el ticket moderador.

La ecotasa, que se manejó el pasado verano, el pago de gastos no estrictamente sanitarios en los que se incurre cuando una persona es hospitalizada o el pago de una parte de los gastos cada vez que se acude al médico igual que se hace con las medicinas, son algunas de las ideas que están planteadas. Lo mismo que el establecimiento de algún impuesto con carácter finalista -la financiación de las carreteras por sus usuarios, por ejemplo- y todo ello sin abrir aún la discusión sobre la necesidad o no de que el Estado siga siendo el titular de las infraestructuras que se están construyendo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de febrero de 1995

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