El marco del debate

LOS SINDICATOS y la patronal han venido a decir que ellos no serán un factor adicional de crispación. En eso consiste fundamentalmente su declaración frente a la actual crisis política. Algo tan razonable, tan de cajón, que lo verdaderamente extraordinario ha sido la irritación con que ha sido acogida por algunos políticos y comentaristas aquellos que encuentran sospechoso todo lo que no sea agudizar la tensión. Que lo más sectario de la izquierda fundamentalista haya coincidido en su irritación con el fanatismo disfraza do de ultraliberal de la derecha neocazurra es un síntoma adicional de que la verdadera frontera ideológica del momento es la que separa a quienes quieren que los problemas se resuelvan, o se encaucen al me nos, de quienes temen esa posibilidad como a la peste. Las advertencias de los agentes sociales sobre los riesgos derivados de mantener indefinidamente abierta la crisis política no. son gratuitas. Hay síntomas de que la incertidumbre política afecta ya a las decisiones de los inversores. Éstos observan, por una parte, la vulnerabilidad del actual Gobierno; pero también, por otra, la debilidad de una alternativa que teme proclamar sus intenciones y carece de aliados viables en caso de no alcanzar la mayoría. La incertidumbre es el efecto combinado de ambos factores: no se sabe hasta cuándo será capaz de aguantar la actual mayo ría, pero tampoco se conoce qué pasará si el PP gana unas elecciones anticipadas sin alcanzar los 176 escaños. La desconfianza de los mercados es una reacción por adelantado a la disyuntiva entre la resistencia numantina y lo desconocido: entre el deterioro ole la autoridad de un Gobierno muy cuestionado, y la inseguridad de una alternativa sin anclajes sociales y apoyos políticos suficientes. Urge, por tanto, encontrar un terreno de entendimiento entre el Gobierno y la oposición para limitar esa desconfianza. Ello es difícil porque tanto los socialistas como los populares están convencidos de que lo que favorece a unos perjudica a los otros, y viceversa. Sin embargo, no es del todo así. A los dos primeros partidos del país les interesa, incluso desde una perspectiva egoísta, que el - cambio de mayoría afecte lo menos posible a la estabilidad social y económica. Al PSOE, porque de la forma como se vaya depende en buena . medida la posibilidad de regresar; al PP, porque, en igualdad de condiciones, le conviene más llegar al Gobierno tras aproximaciones sucesivas (renovación de los municipio s, normalización de relaciones con la que habrá de ser su oposición) que mediante el atajo de unas elecciones forzadas por factores en parte azarosos o que, en todo caso, no puede controlar, como la dosificación de las revelaciones capaces de desestabilizar al Gobierno. Una política de tierra quemada -en lo económico y en lo político- pedudicaría tanto al ganador como al perdedor -de unas elecciones. La idea de que una recuperación económica puede impedir la victoria' del PP es falsa, y así acabó reconociéndolo Aznar hace meses. En 1993 fue precisamente la percepción de la gravedad de la crisis lo que hizo remontar al PSOE en el último momento, recuperando votos de indecisos. Pero tampoco a los socialistas les conviene prolongar la legislatura hasta su término irrevocable de los cuatro años al precio de dejar que la situación siga deteriorándose. Entre un PSOE obstinado en agotar los dos años que aún le quedan a esta legislatura y un PP empecinado en que se convoque a las urnas mañana mismo debe ser posible un acuerdo acerca del calendario político. Un factor que podría favorecer el acuerdo sería el compromiso por parte del PSOE de no bloquear el. acceso del PP al Gobierno -mediante una alianza con los nacionalistas- si no es la fuerza más votada. González adelantó un compromiso similar en vísperas de las elecciones de 1993 a fin de evitar una puja incontrolada entre el primer y el segundo partido por obtener el respaldo nacionalista. Un acuerdo sobre la cuestión tranquilizaría a Aznar y favorecería una cierta distensión.

Un acuerdo de este tipo no es incompatible con que el próximo debate sobre el estado de la nación sirva para que Gobierno y oposición confronten sus respectivas propuestas, incluso con crudeza si es preciso. Pero debería servir también para trazar una frontera entre quienes quieren resolver los problemas y quienes quisieran instalar a España permanente mente en la crisis.