El Gobierno amplía a 550.000 millones de pesetas el reajuste del gasto, pero sin acordar su reparto

El Gobierno elevó ayer hasta 550.000 millones el reajuste del gasto público para este aflo ante unas posibles desviaciones superiores a las previstas. De esta manera, el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, fuerza a tope la restricción del gasto público, que en un principio se anunció bastante iniferior. El Consejo de Ministros no consiguió, sin embargo, ponerse de acuerdo sobre cómo se reparten los recortes, dirigidos a contener el déficit. Las 448medidas contra el fraude sí que fueron aprobadas, aunque hoy se darán a conocer con detalle. Entre ellas, Hacienda ha iniciado una experiencia piloto en Madrid para obtener información sobre las rentas percibidas por alquiler de viviendas.

Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de la Presidencia, negó que las divergencias entre los ministros sobre cómo repartir el recorte del gasto fueran el motivo de su no aprobación ayer, tal como se había anunciado. La razón, según Rubalcaba, es que algunos ministros han pedido más tiempo para rediseñar sus, prioridades. La próxima semana se celebrarán reuniones bilaterales con el titular de Economía, Pedro Solbes, de forma que el reajuste pueda aprobarse el viernes. Negó que la mayor parte del esfuerzo vaya a recaer en la inversión pública y dijo que "también puede ir al gasto corriente".En este sentido, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) expresó ayer su preocupación porque el reajuste pueda afectar a la inversión en infraestructuras. Otros sectores consultados aplazaron sus opiniones hasta que el Gobierno decida.

La cifra final de 550.000 millones obligará a cada ministerio a realizar un esfuerzo mucho mayor del esperado. Ello apenas un mes después de que el Presupuesto para 1995 fuera aprobado por las Cortes. Según Rubalcaba, no es problema de falta de previsión, sino que es una medida de prudencia porque "no estamos dispuestos a que se nos escape el déficit público de este año ni en una peseta".

La decisión consiste en un recorte de 150.000 millones de pesetas y en poner un límite del 97,72% a las obligaciones reconocidas, lo que supone otros 400..000 millones. El motivo es que partidas como la deuda pública, la sanidad, la liquidación del Presupuesto con las comunidades autónomas y los ayuntamientos y el compromiso de ayuda al Tercer Mundo asumido con la plataforma del 0,7% exceden ya en 550.000 millones de pesetas -o llevan camino de ello-, a lo inicialmente presupuestado.

El voluminoso plan de 448 medidas contra el fraude fiscal, en las prestaciones por desempleo, en la Sanidad, la Seguridad Social y en las subvenciones y ayudas públicas sí que fue aprobado ayer por el Gobierno (véase EL PAÍS del 27 de enero). Algunas de ellas ya están incluidas en proyectos de ley que están en tramitación parlamentaria. Por ejemplo, dar publicidad a las sanciones por fraudes a Hacienda superiores a cinco millones de pesetas, que está contemplado en la reforma parcial de la Ley General Tributaria.

Dentro de este plan, Hacienda ha iniciado una experiencia piloto en tres localidades madrileñas -Leganés, Boadilla del Monte y Majadahonda- para pedir información sobre viviendas arrendadas, según informa Efe. La Agencia Tributaria ha enviado cartas a contribuyentes de estas zonas en las que se les pide información sobre la identidad del propietario de la vivienda en que reside, el DNI de éste, la cuenta bancaria en la que le ingresa el importe del alquiler, las cuotas abonadas durante 1993, fotocopia del contrato y otros recibos.

La respuesta tiene carácter voluntario, según fuentes de la Agencia, pero en la carta se indica que existe el deber de contestar en un plazo máximo de 20 días naturales, de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria. Se recuerda, además, que contra este requerimiento cabe interponer recurso. Según la Agencia, la realización de esta experiencia piloto no presupone que se vaya a aplicar de forma masiva. En el sector inmobiliario el plan prevé también que la escrituración de un inmueble por un valor inferior al precio de compraventa estará considerado como agravante a efectos de un posible delito fiscal.