El juez inculpa a los responsables del geriátrico de Reus de homicidio

La resolución judicial que ha ordenado el ingreso en, prisión de los tres responsables del geriátrico Catalunya Llar de Reus, clausurado hace una semana por indicios de malos tratos a los intemos, señala que el sumario se ha abierto por homicidio.El tipo de homicidio y los cargos concretos contra la titular del, centro, Glòria Pané; su marido, Josep Maria Mengual, y la trabajadora Amelia Castellnou siguen sin conocerse, al mantener el juez Javier Albar el secreto sumarial. En los últimos siete meses, 18 ancianos murieron en el centro.

La investigación judicial trata de establecer si la muerte de 18 ancianos en el centro en los últimos siete meses está relacionada con el tratamiento dado a los internos y si esconde intencionalidad y móviles económicos. Según fuentes de la investigación, "está demostrado que cuando los ancianos salían del centro mejorabarí". De ahí el interés de los investigadores por los resultados de los análisis practicados a los internos el miércoles. día 18, cuando el juez clausuró el centro, así como por los certificados de defunción y las autopsias practicadas a los cadáveres.Esta investigación aun se podría ampliar con la exhumación de otros cadáveres. El médico del centro, Joan Gomis, ya ha prestado declaración ante el juez Albar y el fiscal José María Parra como inculpado. También lo ha hecho el resto de personal sanitario, que se encuentra en libertad.

Ayer se conoció que los propietarios del geriátrico habían sido ya procesados en otra causa, acusados de estafa por la familia de un anciano, internado en octubre de 1993. El anciano pagó cinco millones de pesetas a cambio de un contrato vitalicio por el que el geriátrico se comprometía a cuidar de él mientras viviera. El anciano sólo estuvo ingresado 15 días porque su familia decidió retirarlo de la residencia. La empresa se negó a devolver el dinero aduciendo que el contrato civil, firmado ante notario por el anciano, era perfectamente legal.

La acusación particular y la fiscalía sostienen que la firma del contrato fue conseguida por los dueños del geriátrico de forma fraudulenta y que, cuando el anciano fue llevado ante el notario para firmarlo, no estaba en plenas facultades mentales. El fiscal pide por este delito tres años de prisión para los dueños del geriátrico, y la acusación particular cuatro.

Problemas económicos

El proceso está pendiente de juicio oral en el Juzgado número 3 de Reus. Hasta el momento la investigación por homicidio del Juzgado número 4 no ha encontrado ningún otro caso de internos que hubieran adelantado dinero por un contrato vitalicio, pero queda mucha documentación por analizar. De confirmarse la existencia de algún otro caso de contrato vitalicio, se trataría de dilucidar entonces si ha existido alguna actividad destinada a provocar o acelerar la muerte del interno. En este caso, se estaría ante la hipótesis de un móvil económico.

Fuentes judiciales han indicado, sin embargo, que la investigación será larga y compleja. De momento, uno de elementos esenciales es el resultado de las pruebas encargadas al Instituto de Toxicología.

El geriátrico Catalunya Llar ya tenía problemas económicos pocos meses después de ponerse en funcionamiento. En mayo de 1993 la empresa, cuya titular es Glória Pané, presentó suspensión de pagos ante el Juzga' do número 2 de Reus, con unas deudas de 23,5 millones de pesetas. La suspensión de pagos ha quedado archivada, después de que, en septiembre de 1993, no se llegara a ningún acuerdo con la junta de acreedores para el pagó de esta deuda.

Ayer continuó el, desfile de personas citadas a declarar, en medio de una gran expectación. Lo hicieron algunos de los ancianos: que habían estado internos en la residencia y también familiares y personal que ha tenido algún tipo de relación, laboral o de servicios, con el centro geriátrico. Para hoy se han cursado nuevas citaciones.