El 'ultra' García Juliá vive en Paraguay sin ningún control desde septiembre
El ultraderechista Carlos García Juliá, condenado por la matanza de Atocha, perpetrada en enero de 1977, sigue residiendo Asunción, capital de Paraguay, sin ningún control administrativo y sin hacer ningún tipo de presentación ante las autoridades españolas, según han informado fuentes consulares en aquel país. El juez de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León, José Luis Castro Antonio, ha decidido dar marcha atrás a su primera decisión de permitir a García Juliá que termine de cumplir en aquel país su periodo de libertad condicional y ha ordenado su regreso, según informa la agencia Servimedia.Ayer mismo se cumplieron 18 años del asesinato a tiros de cinco abogados laboralistas en Madrid, por la que este ultra y Carlos Fernández Cerrá fueron condenados a 193 años de prisión. García Juliá únicamente se presentó voluntariamente en la Embajada de España en Paraguay en septiembre pasado, para inscribirse en el Registro de Matrícula, donde están anotados todos los españoles que residen en ese país.
El ultra anotó su dirección y lugar de trabajo, y desde entonces, según fuentes diplomáticas, no ha vuelto a comparecer ni se ha sometido a ningún control oficial. La inscripción de García Juliá se produjo discretamente, ya que coincidió con la visita a Paraguay del presidente del Gobierno, Felipe González, que mantuvo. muy ajetreada a la delegación diplomática española.
Decisión no comunicada
La Embajada española comunicó en septiembre que no podía hacerse cargo del seguimiento y control del buen uso de la libertad condicional de García Juliá, argumento que ahora ha aceptado el juez Castro para ordenar su regreso a España. El magistrado todavía no había comunicado ayer su nueva decisión ni a la Embajada, ni a Instituciones Penitenciarias, según fuentes de ambas instituciones.
Según medios autorizados de Paraguay, García Juliá, gerente de la empresa Traflumer, se mueve en aquel país en un ambiente de españoles de tendencia ultraderechista, la mayoría de ellos llegados a Asunción tras la transición democrática. "Tienen sus bares y tertulias en ambientes de afinidad ideológica, según nos han contado", indicaron.
España tendrá que ordenar ahora el envío de una comisión rogatoria o judicial para iniciar los largos trámites tendentes a la repatriación de García Juliá. El juez Castro indica en su auto que el liberado condicional debe regresar para someterse al control de Comisión de Asistencia Social Penitenciaria, de cuya vigilancia se escapó el pasado mes de diciembre.
García Juliá, condenado junto con Carlos Fernández Cerrá por el asesinato de cinco abogados laboralistas en 1977, cumplió 14 años de prisión. Desde diciembre de 1989 se halla en libertad condicional.
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