España deja de ser un país de tránsito para los inmigrantes y se convierte en un destino estable

España ha dejado de ser un país de tránsito para los emigrantes del Tercer Mundo. Sólo uno de cada cinco trabajadores extranjeros legalizados piensa volver a su país de origen. Además, mientras se mantengan las condiciones de pobreza e inestabilidad política, económica y demográfica en el Tercer Mundo, "el cierre de fronteras [de Europa] es teórica y prácticamente imposible". Son conclusiones del Ministerio de Asuntos Sociales, reflejadas en su Plan de Integración Social delos Inmigrantes para prevenir la marginación y los brotes xenofóbicos. Sin embargo las organizaciones de emigrantes consideran que la iniciativa será papel mojado mientras persistan las trabas a su seguridad jurídica y el bloqueo de Exteriores a los visados.

No hay alternativa. O se neutralizan las condiciones de precariedad que alimentan la marginación y exclusión social del colectivo de emigrantes se acentuarán los riesgos de xenofobia y racismo "con sus secuelas de conflicto y enfrentamiento social", concluye el plan de integración de Asuntos Sociales, aprobado en Consejo de Ministros en diciembre. En él se establecen unas directrices que incluyen programas educativos, de ayuda al acceso a la vivienda, cobertura sanitaria para el inmigrante y movilización social contra el racismo. Un documento a añadir este 1995, que ha sido declarado Año de la Tolerancia por la Unesco.Las asociaciones de emigrantes coinciden plenamente con la argumentación de este plan, pero discrepan sobre la falta de concreción a la hora de considerar puntos mucho más vitales para ellos, como son las trabas burocráticas a las que se enfrentan a la hora de legalizar su estancia, "Si no se solucionan estos puntos, el plan corre el riesgo de quedar en papel mojado", asegura Hamid Beyuki, dirigente de la organización de emigrantes marroquíes ATIME. Apunta que la "confusión y descoordinación" que rodea los trámites de los inmigrantes tiene un claro ejemplo en la reciente decisión del Ministerio de Exteriores de bloquear la expedición de visados para los trabajadores del cupo de 20.600 ofertas de trabajo para inmigrantes que el Consejo de Ministros había aprobado para este año. Una iniciativa que ha puesto en pie de guerra a las asociaciones como ATIME.

El programa de Asuntos Sociales ha sido acogido con cierto escepticismo por las organizaciones de emigrantes. "El plan es bueno, pero sus intenciones se contradicen con sus propios planteamientos de salida, al centrarse sólo en los emigrantes documentados y obviar la bolsa de los 300.000 ilegales a los que la Administración se niega a dar solución alguna", afirma Antonio Freijo, responsable de la organización de ayuda para emigrantes y refugiados africanos Karibú.

Los datos recogidos por Asuntos Sociales demuestran que se ha desmoronado el tópico que presentaba a España como un mero país de tránsito para los emigrantes del llamado Tercer Mundo. El 91% de los casi 130.0000 trabajadores extranjeros que fueron legalizados con el proceso de blanqueo de 1992 indicó que España era, desde el momento en que tomaron la decisión de salir de su país, su primer y definitivo punto de destino. Según estos datos, sólo uno de cada cinco emigrantes legales desea volver a su país de origen.

Los hechos han demostrado, además, que no hay forma de impedir la llegada de nuevas oleadas, porque "el cierre absoluto de fronteras resulta teórica y prácticamente inviable". Ello no significa, según la Administración, que una avalancha de extranjeros vaya a invadir España, que, de hecho, sigue siendo el país de la UE que cuenta con menor porcentaje de trabajadores extranjeros -un 1% en relación con la población total, frente al 8% de Alemania o el 9% de Bélgica-.

El otro tópico que alimenta los brotes de rechazo hacia los nuevos llegados, el miedo a que contribuyan a deteriorar las condiciones laborales y el aumento del paro, tampoco es realista. La inmigración, dice el estudio, resulta incluso positiva para la productividad, puesto que, a pesar de las altas tasas de desempleo existentes en la actualidad, todo indica la persistencia de "nichos laborales que, por su precariedad, informalidad o naturaleza de la prestación, serán rechazados por los trabajadores nacionales y, en cambio, resultarán atrayentes para los inmigrantes".

Prevención del racismo

Los estudios sociológicos han demostrado que España cuenta con los indicadores más bajos de la Unión Europea en cuanto a racismo y xenofobia. Pero esta situación, explica, no garantiza por sí misma que España vaya a verse libre de los problemas que los movimientos migratorios han presentado en países de nuestro entorno".

Hay cambios que animan a una labor de prevención. Hasta 1992, los residentes extranjeros en España procedían en un 50% de países europeos, especialmente del Reino Unido. Pero, con el proceso de regularización, los europeos han quedado reducidos a un 8% frente al espectacular aumento de los africanos, que de un 17% han pasado a ser, con los marroquíes a la cabeza, el contingente más numeroso.