Hasta el fondo

LA COSECHA de cheques que ha recogido en el Banco de España la juez que instruye el caso Roldán puede constituir un material gravemente comprometedor en la medida en que puede permitir llegar hasta el fondo de los fondos reservados. Rafael Vera, antiguo secretario de Estado para la Seguridad y una de las cuatro personas con firma para autorizar dichos cheques, ha reivindicado la legalidad de esos libramientos, pero, al punto que han llegado las cosas, ese extremo sólo puede clarificarlo la justicia. Las declaraciones del prófugo Luis Roldán y los múltiples testimonios recogidos por este y otros periódicos entre ex altos cargos y funcionarios de Interior aseguran que, durante años, en ese ministerio se pagaron gratificaciones y sobressueldos con cargo a los fondos reservados. Con talones y en metálico.Que sea la juez del caso Roldán, que investiga especificamente el posible enriquecimiento del ex director general de la Guardia Civil a costa de esos fondos, o la titular del juzgado que tramita la denuncia genérica del Partido Popular sobre malversación de fondos por el cobro de sobresueldos en Interior, o, finalmente, la Sala Segunda del Supremo, si aparecen implicados aforados, de lo que no cabe duda es que la justicia no dejará este asunto sin desentrañarlo en la medida que pueda o que la dejen.

Pero a diferencia de la época del primer sumario de los GAL, la actual situación política no tolera tan fácilmente como entonces las maniobras obstruccionistas a la acción de la justicia. Tampoco parece que sea ésa la intención del Gobierno. La llegada del ministro Juan Alberto Belloch a Interior sin dejar las responsabilidades de Justicia sólo tenía sentido si era expresión del propósito del Gobierno de enmendar antiguas prácticas y actitudes relacionadas con la corrupción.

Ese propósito de enmienda es, quizás, el rasgo más sobresaliente que distingue la etapa del Gobierno iniciada entonces -era el momento del simultáneo estallido de los casos de Rubio y Roldán- de las anteriores. El Gobierno ha llegado a convencerse -más por fuerza que de grado, de atender a la secuencia de los acontecimientos- que el razonable ajuste de cuentas con el pasado, al que se refirió Belloch en cierta ocasión, pasa inexorablemente también por el tamiz de la justicia. En un Estado de derecho es la justicia, y nadie más, la que debe determinar si los fondos reservados pueden desviarse, sin delinquir, a premios. o gratificaciones de funcionarios en recompensa por. su entrega a la lucha contra el terrorismo, como argumentó en su día el ex ministro Corcuera. Políticamente, queda a la libre voluntad de los ciudadanos decir qué opinan de tales comportamientos cuando llegue el momento de emitir su voto en las urnas.