Temor en los escaños socialistas a que el escándalo de Interior desencadene una crisis de Gobierno

La crisis del Ministerio del Interior va a ser la causante de la crisis global del Gobierno. Ésta es la impresión generalizada que ayer en el Congreso tanto los grupos políticos de la oposición como los parlamentarios socialistas. Izquierda Unida (IU), Partido Popular (PP) y Partido Nacionalista Vasco (PNV) no estaban nada satisfechos con la explicación que ayer ofreció el ministro del Interior, Juan Alberto Belloch. La oposición parece convencida de que el presidente del Gobierno, Felipe González, está empecinado en no adelantar las elecciones, por lo que se preparan para asistir a lo que llaman "la lenta agonnía" del Gobierno, previendo que los escándalos procedentes de Interior serán a partir de ahora imparables.

El desánimo era ayer la nota generalizada entre los parlamentarios socialistas. Estos, después de dar muchos parabienes al ministro del Interior, Juan Alberto Belloch, e incluso justificar sus silencios con respecto a muchas preguntas formuladas por el PP e IU, reconocían que el daño político ya está hecho. "No nos van a dejar en paz hasta que nos tumben", auguraba una diputada socialista de la Comisión de Justicia e Interior. Sus interlocutores, diputados del mismo partido, afirmaban que el asunto del GAL, pese a lo que se había dicho en un primer momento en las filas socialistas, sí tendrá una trascendencia decisiva en el electorado. Un diputado castellano leonés reflexionaba con dramatismo: "Esto es lo más grave desde el 23-F [Intentona golpista de 1981]".A renglón seguido, añadían que, desde luego, no, se creían que los gobiernos de Felipe González hubieran podido montar una estructura delictiva como la del GAL, y dirigían las posibles responsabilidades a "mandos policiales autónomos".

Por si tenian poco encima, ayer los parlamentarios del PSOE tuvieron que soportarlas bromas procedentes de Izquierda Unida y del PP sobre la "excelente" intervención de Ventura Pérez Máriño, portavoz del Grupo Socialista. Ya en serio, afirmaban, que Pérez Mariño -juez en excedencia que milita en el PSOE en calidad de independiente- había dado en el meollo de la cuestión al recordar al ministro que, al margen de las responsabilidades penales, hay, en este asunto una dimensión política que el Gobierno no puede eludir.

El canto de Pérez Mariño a favor de los tribunales de justicia y de la actuación de los medios de comunicación terminó por enfadar definitivamente a los parlamentarios del PSOE con su portavoz en la comisión. Uno de ellos afirmaba con enojo que si no quería hablar bien del Gobierno, al menos podía, haber mencionado al Parlamento como institución que funciona con normalidad.

En medios parlamentarios del PSOE no se dudaba ayer que el presidente del Gobierno, Felipe González, había nombrado ministro de Justicia e Interior a Juan Alberto, Belloch para acabar radicalmente con las posibles irregularidades. Esta tesis es compartida por el Partido Popular y por Izquierda Unida, pero el diagnóstico de unos y otros es que ese afán de limpieza llevará al Gobierno a la crisis.

Sobresueldos

"La crisis del Ministerio del Interior va a llevarse al Gobierno por delante", afirmaban estos parlamentarios. Veteranos diputados de la comisión de Justicia e Interior, algunos de los cuales estaban ya en la etapa de José Bárrionuevo y después con José Luis Corcuera, señalaban que durante años se han consentido muchas anomalías que se querían justificar por la lucha contrael terrorismo. Cuando se ha querido poner fin a estas irregularidades, "los afectados han saltado". Este interlocutor socialista se refería a los sobresueldos y a las deferencias habidas con los ex policías José Amedo. y Miguel Dominguez.

En la misma línea, otros parlamentarios comentaban la información publicada por este pe riódico de que Amedo y Domínguez, tras dejar de recibir la asignación que presuntamente les llegaba con cargo a los fondos re servados del ministerio, enviaron repetidos mensajes a la viceministra de Interior, Margarita Robles, y al propio ministro, exigiéndoles 600 millones de pesetas a cambio de sellar sus labios para siempre. Según esta versión -cuya veracidad Felipe González dijo desconocer en la rueda de prénsa del jueves pasado-, Belloch se negó en rotundo. Los ex policías acudieron al juez.