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Tribuna:

La ampliación del Congreso

EDUARDO MANGADALa polémica de la ampliación del Congreso de los Diputados es, según el autor, falsa si se intenta situarla en si se respetaron o no las normas sobre edificios protegidos.

Hay títulos que condicionan el discurso. Peor aún, la exhibición de un titular ocurrente y llamativo conlleva, en muchos casos, la degradación del discurso que encabeza. Algo de ello le ocurre al breve artículo de mi buen amigo y magnífico crítico Luis Fernández Galiano publicado en EL PAÍS del 6 de diciembre de 1994, en el que la peripecia retórica que fuerza la rima de la última palabra -"descorteses"- con el encabezamiento -"Cortes descorteses"- induce a una banalización del discurso estructurado en un triple encadenamiento de pecados dictados y baremados desde el confesionario particular del articulista sin que, en ningún caso, se prescriba pena alguna reparadora y sólo emerja de la penumbra una lamentación misericorde.El origen pecaminoso arranca de la demolición de unos "edificios protegidos", y de la modificación del Plan General que la habilitó. ¿Seriamente puede calificarse de pecado -original o no- la adecuación de una norma urbanística para posibilitar una intervención singular y de alto significado cívico como es la ampliación del Congreso de los Diputados? ¿Desde cuándo las catedrales, los museos, los monumentos se han visto constreñidos u obligados por la norma genérica del ordenamiento urbanístico? La norma, las ordenanzas, el plan establecen el marco de conducta para las actuaciones regulares, repetitivas y usuales del proceso inmobiliario, pero nunca pueden ser la estricta medida de lo singular y menos si se trata de un edificio que alberga la más evidente representación democrática del poder popular. Pueril fue el primer intento de encajonar entre las tejas árabes y los viejos muros de las típicas y mediocres edificaciones protegidas el espacio necesario para la ampliación y modernización del Congreso, con el mayor respeto al buen arquitecto que intentó tarea tan forzada como estéril.

La protección de los edificios de referencia correspondía a una política urbana comprometida en una lucha contra el derribo indiscriminado, prematuro y especulativo, práctica usual en los últimos años setenta, más allá de una catalogación de los mismos por sus valores arquitectónicos. Asentada esta cultura y su práctica en el gobierno de la ciudad (han transcurrido cinco años desde la primera catalogación a la modificación puntual que se comenta), nada impedía asumir la excepción cuando del Congreso de los Diputados se trataba. Lo contrario resultaría ridículo.

Reclamar el referéndum popular para decidir qué edificio para el Congreso gusta más a los ciudadanos es, cuando menos, una explosión populista, nada acorde con la trayectoria rigurosa, selectiva y elitista del articulsita, que tan espléndidas lecturas ha hecho de la ciudad y su arquitectura... ¿Se pretende acaso revivir el oprobioso espectáculo del linchamiento popular de la Puerta del Sol frente a unos responsables municipales mudos culturalmente? Seguro que no, pero peligroso es aventar ascuas que pueden producir incendios.

Otra cosa es denunciar la falta de publicidad y sometimiento a debate que debió otorgarse al concurso, al fallo del jurado y a la decisión final de la Mesa del Congreso, tal como se recomendaba en las actas del jurado, que no fueron atendidas. Aquí sí hay culpa, al menos de pereza y desidia cultural. Exíjase un acto de contrición y propósito de enmienda, amén de un rezo público de cinco penitencias.

Veniales y disculpables los pecados debidos a la inexperiencia de los autores del proyecto.

Si, aunque no sólo debidos a la inexperiencia cuanto al momento en que surge esta arquitectura dominada por un titubeante eclecticismo, acentuado por la mecánica de selección a que todo concurso conduce, y casi obliga, mezcla de afirmaciones y consensos. Salvadas las cejas impostadas sobre las ventanas, borradas hace años por el vienés Loos. Lamentando que no se haya consumado el derribo íntegro de las últimas plantas de la anterior y grosera ampliación, tal como se recomendaba por el jurado, cabe afirmar que la nueva fábrica es más enjundiosa, como pieza urbana, que las edificiones demolidas para darle cabida y un ejercicio arquitectónico muy digno, aunque no glorioso.

Difícil de entender la complicada argumentación sobre la falta de cortesía del Congreso para con los electores. ¿Añoranzas de edificios más simbólicos y canónicos, en los que brille la figura de un nuevo Castelar? ¿Negación o desconocimiento de una tarea más "oficinesca" de los actuales diputados? ¿Abulia y rutina que traen causa de la ley electoral? Confuso todo ello, aunque justificable como efusión de un estado de ánimo entre decepcionado y enfadado con el momento actual de la práctica política, pero que en modo alguno puede fundamentar una crítica solvente del edificio ampliado del Congreso, que debería ser más disciplinar, renunciando a excursiones sociológicas un tanto traídas por los pelos.

Como final. Quien esto escribe fue miembro del jurado que seleccionó y recomendó a la Mesa del Congreso el proyecto realizado y hoy ratifica su voto, teniendo en cuenta la calidad de las decenas de proyectos presentadas a concurso. Quien esto escribe fue responsable político de la modificación del Plan General que posibilitó esta obra, incluyendo el derribo de los "edificios protegidos", y hoy reafirma su decisión.

La gloria y la servidumbre de la arquitectura es que luna vez construida, el artefacto está en la calle, sólo y autónomo frente a las miradas de los ciudadanos. La prueba última residirá en su capacidad de integrarse y enriquecer o no la ciudad que lo alberga.

Eduardo Mangada es arquitecto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de diciembre de 1994

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