Los ayuntamientos deben la mitad de los 40.000 millones pendientes de cobro del agua en 1993

Los ayuntamientos cobran religiosamente, unos con más piedad que otros, la tarifa del agua, pero se les olvida repercutir la recaudación en las confederaciones, encargadas de gestionar este recurso. Su morosidad en 1993 ascendía a 22.240 millones de pesetas, más de la mitad de la deuda de las confederaciones, según un informe remitido al Congreso por Obras Públicas. Parte de esa deuda corresponde al canon por vertidos sin depurar. Frente a esta morosidad, los usuarios del trasvase del Tajo aportan más de la cuarta parte de los ingresos por el consumo del agua en España.

La respuesta del Ministerio de Obras Públicas a una rendición de cuentas solicitada por el Congreso sobre la gestión económica del agua desde que entró en vigor la Ley de Aguas, hace nueve años, es demoledora con, los ayuntamientos. Se sabía de su morosidad con las compañías eléctricas. Ahora se conoce que sus deudas son aún mayores, al sumarse los 22.240 millones de pesetas pendientes de pago a las confederaciones hidrográficas.De esos 22.240 millones de pesetas, más de la mitad (54%) corresponden al canon de vertidos, una tasa establecida para financiar la protección y mejora de la calidad de los ríos adonde se evacuan los vertidos de aguas sucias. Las comunidades de regantes deben en conjunto 8.000 millones, y las empresas, otro tanto.

"Para el pago de este canon se establece un periodo voluntario, como ocurre con los plazos que los ayuntamientos habilitan para abonar la contribución o el impuesto de vehículos, pero así como la mayoría de los ciudadanos es consciente de sus obligaciones tributarías y cumple su obligación dentro del periodo voluntario, con el agua no ocurre lo mismo", afirma Adrián Baltanás, director general de Obras Hidráulicas.

La administración del agua se ve forzada a recurrir a la vía de apremio, un procedimiento muy eficaz cuando se trata de particulares. Antes de que Hacienda se eche sobre los regantes pagan y evitan los embargos. Cuando los morosos sonlos propios ayuntamientos es diferente. La pesada maquinaria administrativa se pone en juego y tarda en resolver meses, incluso años. Las confederaciones apelan a Hacienda, y ésta, por vía de compensación, retiene las cantidades adeudadas de las transferencias que regularmente efectúa a los ayuntamientos. La persecución no acaba ahí ni suele tener buen fin, ya que las cantidades a. retener están limitadas por la ley.

El norte tampoco paga

Dada la tradicional morosidad de los municipios, está establecido que a la hora de saldar deudas tiene prioridad la Seguridad Social; el agua va en la cola. No fue posible ayer recabar la opinión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al respecto. Una portavoz indicó que el tema era muy complejo, dada su vinculación con las comunidades autónomas. De los 35.351 millones facturados en 1993 del canon por vertidos autorizados, las confederaciones cobraron menos de la mitad (16.667).Llama la atención que sea la Confederación del Norte una de las más afectadas (le deben 4.907 millones de los 9.133 facturados). "Debería ser la que más cobre, dado que es el territorio donde se concentra la mayor actividad industrial y con taminante del país, pero las empresas se resisten a pagar", admite Baltanás.

Por contra, los más dispuestos a pagar el agua son los usuarios particulares y quienes se juegan el trabajo en ello, los regantes. "A pesar de su mala fama, tienen muy interiorizado el valor del agua y les compensa pagarla", añade Baltanás. Los beneficiarios del trasvase Tajo-Segura que la pagan a 18 pesetas el metro cúbico han aportado en los últimos ocho años 35.418 millones de pesetas, más de la mitad de la cantidad ingresada (77.104 millones) por el uso de agua.

El proceso que permite disponer de este recurso en el campo, las viviendas y la industria es complejo y caro. También encarece su uso devolverla limpia al mar o los ríos. La Ley de Aguas establece cuatro tipos de cánones para cubrir estos costes: de ocupación del dominio público, de vertidos, de regulación (embalses) y uso (canalización, tratamiento, depuración ... )

El informe arroja resultados que ponen en cuestión la eficacia de la propia ley y los procedimientos de su régimen económico. En los ocho años de vigencia analizados, el informe ofrece un saldo de 142.740 millones de pesetas facturados, de los que sólo se han cobrado 102.096. De esta partida, 65.638 millones corresponden a los. ingresos vía tarifa ordinaria.

En el periodo analizado, las confederaciones han invertido 400.000 millones en la construcción de embalses y conducciones en alta (hasta los depósitos municipales o sistemas de riego), pero sólo han recibido de los ayuntamientos 18.000 millones por este concepto.

Según Baltanás, la disponibilidad de estos datos "será útil para retomar el gran debate que debe plantearse el país sobre la gestión económica del agua y la posibilidad de aplicarle un precio que permita valorarla, ahorrar el consumo y racionalizar su uso".