Declarada inconstitucional la ley por la que Berlusconi logró tres cadenas de televisión

La batalla que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, mantiene con los jueces está lejos de haber terminado. En otro de los frentes abiertos, Berlusconi recibió ayer un duro golpe cuando el Tribunal Constitucional declaró ilegal la ley de 1990 por la que se le concedieron tres cadenas nacionales de televisión sancionando un oligopolio de hecho que venía existiendo desde los años ochenta, cuando sus cadenas comenzaron a emitir aprovechando el vacío legal existente. El primer ministro no reaccionó ayer a esta noticia que golpea sus intereses y que se produjo cuando el país aún no había superado, su estupor por la dimisión de Antonio di Pietro, el más emblemático de: los fiscales de la investigación Manos Límpias, sobre la corrupción política. El Gobierno acordó ayer que cada ministro pida al fiscal que retire su renuncia.

La sentencia no tiene efectos inmediatos, ya que prevé un plazo hasta agosto de 1996 para que se apruebe una nueva reglamentación de la distribución de frecuencias televisivas. Pero sí representa un ultimátum para la configuración actual del grupo empresarial del primer ministro, desde el momento en que declara taxativamente que no es admisible que se conceda la titularidad de tres redes nacionales de televisión a un mismo sujeto. Es, por ello, una dificultad adicional para el proyecto anunciado por Berlusconi de sacar a Bolsa sus empresas de televisión, ya que el valor de las mismas en estos momentos resulta incierto.Berlusconi ha expuesto repetidas veces su intención de vender al menos una de sus tres cadenas a condición de que la televisión estatal, la RAI, se prive también de una de las suyas. El presidente de Fininvest siempre ha dicho que una persona privada no puede competir con la televisión estatal en el mercado publicitario si no tiene al menos el mismo número de cadenas que el Estado.

La sentencia del Constitucional, en respuesta a un recurso presentado por un tribunal administrativo de la región del Lacio, califica de "incoherente e inadecuado" el artículo 15 de la llamada ley Mammi. La sentencia estima que la norma de 1990 no respeta la exigencia constitucional de un pluralismo informativo y que la formación de posiciones dominantes en el sector no sólo altera la regla de la competencia, sino que "puede conducir a una situación de oligopolio que amenaza por sí mismo al valor fundamental del pluralismo".

Resaca de una renuncia

El problema del oligopolio televisivo se ha agravado desde que Berlusconi llegó a la jefatura del Gobierno, elevando al cénit la confusión entre sus intereses políticos y empresariales. Un equipo de una de sus cadenas de televisión fue agredido el martes en Milán, en las protestas callejeras suscitadas por la noticia de la dimisión del fiscal Di Pietro. La resaca dejada por esa dimisión es tal que el Gobierno acordó ayer que cada ministro pida al magistrado italiano más señalado en la lucha contra la corrupción que retire su dimisión. Además, el Gabinete estudiará normas que limiten o prohíban las manifestaciones en las inmediaciones de los tribunales.

Hay pocas dudas de que Di Pietro colgará la toga, aunque el mismísimo presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro, le haya pedido lo contrario. El magistrado insiste en que no hay nada que hacer, y lo mismo dice su jefe, Saverio Borrelli, objetivamente el más perjudicado por la dimisión. "Los hombres pasan y la justicia sigue", afirmó ayer este magistrado, que reitera que los fiscales milaneses siguen "en el puesto de combate con el mismo entusiasmo".

Pocos dudan de la determinación de Borrelli, pero sí de la continuidad de las investigaciones tras una dimisión que representa una gran derrota política de los magistrados. Borrelli, tachado de comunista por los manifestantes de extrema derecha que en días pasados han expresado su apoyo a Berlusconi, se ha convertido en el principal blanco de un Gobierno que ahora alaba a Di Pietro. La Liga Norte propone incluso que se vuelva a ofrecer el Ministerio de Justicia al ex magistrado, que tiene puertas abiertas tanto en la izquierda como en el Partido Popular Italiano para presentarse en las próximas elecciones. Pero Di Pietro repite que no tiene ambiciones de futuro. Giuliano Spazzali, el abogado que más le combatió en los tribunales, sugiere, en cambio, que Scalfaro piensa en Di Pietro como jefe de un próximo Gobierno de emergencia y que el magistrado calla "porque es muy astuto". Borrelli informa que la dimisión de Di Pietro sólo será efectiva cuando vuelva de vacaciones -tiene tres meses de libranzas no tomadas y va a aprovechar para casarse- y transcurran 15 días sin que se presente al trabajo.

Berlusconi habla, en cambio, de "restablecer la normalidad y el equilibrio en la administración de la justicia penal, recuperando el respeto a la dignidad, a la libertad y a la misma vida de quien no ha sido aún condenado", y añade que, en esa tarea, querría contar con la colaboración de Di Pietro.