Collor de Mello, ex presidente de Brasil, juzgado por corrupción

Dos años después de haber sido despojado de su cargo por el Senado bajo acusaciones de corrupcIón, el ex presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, de 45 años de edad, se sentó ayer en el banquillo de los acusados en Brasilia, la capital del país. En medio de un clima de intensa expectación, la Corte Suprema se dispone a juzgar a Collor de Mello por cohecho y a su principal cómplice, Paulo César Farías, por el mismo delito y por soborno, coacción a testigos, supresión de documentos y falsificación ideológica.

Otras siete personas son acusadas también de falsificación ideológica; son los funcionarios de Farías que firmaban los cheques "fantasmas", de cuentas corrientes abiertas en nombre de personas inexistentes. La vista del juicio se prolongará durante tres días.

De acuerdo con la acusación, Farías se presentaba ante grandes empresas y utilizando el nombre del presidente las obligaba bajo amenaza a hacer abultadas donaciones en favor de Collor de Mello, quien había asumido el poder. en marzo de 1990.

El escándalo estalló en mayo de 1992, cuando el . empresario Pedro Collor, hermano menor del mandatario, denunció a la prensa la existencia de una vasta red de corrupción que habría rendido al grupo unos 1.000 millones de dólares. El denunciante preciso que el presidente se quedaba con el 70% del fruto de la extorsión y Farias, con el testo.

Evitar la cárcel

Pase lo que pase en el juicio, se considera muy difícil que el antiguo mandatario termine entre rejas. Para los delincuentes primarios, el código de procedimiento penal en Brasil prevé la posibilidad de cumplir la pena en libertad si la condena es de menos de dos años.Por otra parte, la prensa brasileña recogió rumores según los cuales algunos miembros de la Corte Suprema acogerían la tesis de la defensa, según la cual no existen pruebas suficientes para condenar a Collor de Mello.

El antiguo presidente de Brasil se halla en libertad provisional desde su procesamiento aunque está privado de sus derechos políticos durante un periodo de ocho años.