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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Huelga salvaje

ESPAÑA QUEDÓ ayer aislada del mundo por aire, la principal conexión internacional de los tiempos modernos. Y lo hizo por la decisión de los sindicatos de responder con una huelga salvaje a los planes de reestructuración que ha presentado la compañía Iberia para poder sobrevivir en un contexto de liberalización del transporte aéreo. La suspensión de unos 1.000 vuelos de entrada y salida de territorio español dejó en tierra a cerca de 100.000 pasajeros. Para los pasajeros abandonados a su suerte no hubo otra explicación que la de que los trabajadores habían iniciado una huelga contra los planes de recortar la plantilla. Es comprensible la inquietud y la protesta de los trabajadores por planes que les afectan en algo tan sustancial como el empleo. Es del todo intolerable la forma elegida para enfrentarse a los mismos. El ministro de Trabajo y el de Transportes recordaron el carácter ilegal de la huelga y la obligación de la empresa de oponerse a ella mediante medidas disciplinarias. Iberia intentó, pese a todo, acercar posiciones con los sindicatos. La compañía trataba, cuando menos, de retrasar 24 horas el inicio de la huelga para no hacerla coincidir con un lunes, día en que aumenta el número de viajeros tras el paréntesis del fin de semana y de evitar su prolongación. Esto último crearía una seria desconfianza entre los usuarios de cara al largo puente de la próxima semana.La huelga ha contado con el respaldo de los máximos responsables de los sindicatos. En este caso, el término responsables es sólo un decir. Antonio Gutiérrez, de CC OO, que durante años ha intentado dar una imagen moderada a esas siglas, parece volver a sus antiguos fueros. Avaló el recurso a la huelga ilegal calificándola de "inevitable y necesaria". Vuelve a plantear con crudeza la estrecha frontera existente entre los usos y los abusos sindicales.

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La huelga salvaje de Iberia deja en tierra a más de 100.000 pasajeros

Con todo, es cierto que, de los cuatro colectivos que tiene Iberia (pilotos, tripulantes, técnicos de vuelo y personal de tierra), han sido estos últimos quienes más moderados se han mostrado en la mesa de negociación. El principio de acuerdo alcanzado esta madrugada, que recoge recortes salariales en torno a un 8%, aumentos en la productividad de un 15% y una reducción de 3.500 empleos a través de bajas incentivadas y prejubilaciones, es un rasgo de sensatez que permite desbloquear una situación sin salida y se acerca a la posición mantenida por ese colectivo: rebaja del salario en torno al 8%, la mitad de lo que proponía inicialmente la empresa. Los pilotos, por su parte, uno de los colectivos privilegiados de este país -con sueldos/hora superiores a sus colegas de muchas otras compañías, según Iberia-, piden atrasos y actualización de tablas, incrementos de productividad, etcétera, para plantearse sólo después lana rebaja salarial del 8%. La empresa argumenta que todo ello supondría aumentos equivalentes al 9% sobre los salarios actuales. Habrá que confiar que su ausencia en el tramo final de la reunión negociadora y en el preacuerdo alcanzado de madrugada no suponga un obstáculo para una solución necesaria y urgente.

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A Iberia no le queda más remedio que tomar medidas drásticas para evitar la quiebra. Es probable que hubieran tenido que ser menos drásticas si se hubiesen abordado en su momento, a comienzos de los noventa, cuando comenzaron a manifestarse los efectos de la crisis y la agudización de la competencia. En lugar de eso se optó por la expansión en Latinoamérica. La dirección debe rendir cuentas por sus propias irresponsabilidades en la gestión.

Pero nada de esto exime a los sindicatos de sus propias responsabilidades en una circunstancia en la que está en juego la supervivencia de la propia compañía. La huelga de ayer constituye una agresión a todos los usuarios. Las leyes vigentes amparan el derecho de huelga y los sindicatos tienen todo el derecho de acogerse a ella. Pero la ley determina plazos, modalidades, servicios mínimos. Si los sindicatos deben tener un papel en esta sociedad, lo mínimo que cabe exigirles es el cumplimiento de la ley.

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