El alcalde presentó con cautela la idea de instalar cámaras de vigilancia en las calles

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano (PP), moderó ayer ante la Junta Local de Seguridad su propuesta de instalar cámaras de vídeo para vigilar policialmente las calles donde se registre mayor número de delitos. El regidor, tras una semana de polémica, presentó la idea ante los representantes de la oposición, el Gobierno y la Comunidad de Madrid como una mera "sugerencia a estudiar".En este tono moderado, supeditó el proyecto al informe encargado por el Ministerio del Interior para conocer la constitucionalidad de la medida. "Siempre he tenido un respeto absoluto por la intimidad de las personas. Nunca he querido nada parecido a un control orwelliano, que violase derechos. Sólo se trataba de ofrecer un elemento de ayuda con el mismo espíritu, la misma sensibilidad con que el Ministerio del Interior lo propuso en mayo pasado [con Antoni Asunción de titular]", declaró el alcalde. Y remató su intervención con una alusión crítica a los socialistas: "Digan lo que digan, yo no he instalado ninguna cámara, mientras que otros que ahora se quejan sí que lo han hecho", en referencia a las cámaras colocadas en Alcobendas y en la sede de la Comunidad en la Puerta del Sol, ambas regidas por el PSOE.

La réplica al alcalde llegó de la mano del copresidente de la Junta de Seguridad, el delegado del Gobierno en Madrid y militante socialista Arsenio Lope Huerta, quien mantuvo "con toda cordialidad" su postura de rechazo ante las cámaras. "Soy contrario por su dudosa eficacia policial y su dudosa virtualidad ideológica", indicó.

La propuesta del alcalde fue lanzada la pasada semana tras un viaje a Londres, en cuyo distrito financiero -la denominada City- se emplea un sistema parecido, aunque sólo en ocho calles y con el fin de controlar matrículas en prevención de atentados terroristas. La idea, con todo, surgió en marzo pasado del departamento de Interior. La dimisión de Antoni Asunción y el cambio de equipo ministerial dejó fuera de juego el proyecto, hasta que el alcalde lo resucitó.

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Interior encarga a una comisión de expertos estudiar si son legales las cámaras callejeras

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El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, ha mostrado sus dudas sobre la constitucionalidad de las cámaras de vídeo en las calles. Para dirimir la cuestión ha encargado a un grupo de expertos en Derecho Constitucional -y no al Tribunal Constitucional, como se hizo público el viernes- la elaboración de un informe sobre el respeto de la medida a los derechos contenidos en la Carta Magna. Sólo una vez terminado el estudio, Interior se planteará la conveniencia de este tipo de vigilancia, según dijo Belloch en los pasillos del Congreso.

El resto de asistentes a la Junta de Seguridad mantuvo un segundo plano respecto a la polémica. El director general de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid, Jorge Murtra, quien la pasada semana se mostró favorable a las cámaras, guardó ayer silencio. Lo contrario que el concejal de Izquierda Unida Félix López Rey, quien a la salida de la reunión calificó el debate de "pura pantomima".

"Venimos a pintar la mona. Lo de las cámaras no es más que un método para confundir y alejar a la gente de los problemas reales", declaró el edil de IU. Más esquivo fue el jefe superior de Policía, Carlos Corrales Bueno, quien insistió en que antes de valorar la medida había que demostrar su legalidad. "Luego hay que mostrar que merece la pena desde el punto de vista de los efectivos y de los medios materiales", indicó Corrales. En medios policiales la medida es considerada un absurdo por el alto número de efectivos que requiere.

Durante la reunión -celebrada a puerta cerrada-, el delegado del Gobierno y el concejal de Seguridad, Carlos López Collado (PP), ofrecieron datos sobre los delitos y su persecución en Madrid. Lope Huerta destacó que los delitos contra la seguridad ciudadana han disminuido, de enero a octubre de este año, un 4,8% respecto al mismo periodo de 1993 -han pasado de 71,601 a 68.163- Asimismo, recalcó que las detenciones se han incrementado un 20% y que los robos han sufrido un ligero descenso. En este horizonte, el delegado del Gobierno introdujo una sombra: los homicidios han subido un 24%, alcanzando en los ocho primeros meses de 1994 la cifra de 82. "Casi al cien por cien se resuelven", se defendió Lope Huerta, quien consideró "chocante y preocupante" que de los 1.463 detenidos por la policía que este año han sido sometidos a juicio rápido un 8% ha ingresado en prisión. "Invita a la reflexión que los juicios no tengan el resultado esperado desde el punto de vista policial", declaró Lope Huerta. La decana de los jueces de Madrid, Manuela Carmena, no acudió a la junta. Esta ausencia provocó las iras del concejal de Seguridad.

La Junta Local de Seguridad, que se celebra cada seis meses, es fruto de la Ley de Cuerpo y Fuerzas de Seguridad de 1986. Se pueden constituir en todo municipio con cuerpo policial propio. La presidencia corresponde siempre al alcalde, salvo cuando concurra el delegado del Gobierno, en cuyo caso la presidencia es compartida. En estas reuniones participan los jefes de la Policía Municipal, Nacional y de la Guardia Civil, así como los miembros de la oposición municipal y de la Administración autonómica relacionados con la seguridad ciudadana. También intervienen -según les afecte el orden del día- asociaciones de vecinos, comerciantes y empresarios. La función es analizar la seguridad pública, elaborar planes de prevención del delito e impulsar la coordinación policial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 16 de noviembre de 1994.

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