Políticos de cristal

LA OBLIGACIÓN de hacer públicos los bienes y actividades de los altos cargos públicos dle Castilla-La Mancha, propuesta por el Gobierno que preside José Bono, va seguramente en la buena dirección. La transparencia es la más eficaz arma disuasoria contra la utilización de los cargos públicos en beneficio propio. Existe, sin embargo, el peligro de que un exceso de rigor en este terreno aleje de la actividad político-administrativa a personas con aptitudes y vocación para ella, pero no dispuestas a someter ese aspecto de su vida privada a escrutinio permanente. Pero la iniciativa puede considerarse como un experimento.El Gobierno de Castilla-La Mancha, ha presentado al Parlamento de su comunidad un proyecto de ley sobre declaración de bienes, actividades y rentas de los cargos públicos. Es un proyecto que amplia y precisa el régimen previsto para los cargos dependientes de la Administración central en la proyectada ley de incompatibilidades. La diferencia reside en que la declaración no se consignará en un registro de uso restringido, sino en el diario oficial de la región, por lo que cualquier ciudadano- directamente o a través de la prensa- tendrá acceso a los datos.

La iniciativa tiene todo el aire del estilo populista de su mentor. Para bien y para mal. Aparece cuando existe gran sensibilidad ante los casos- unos comprobados, otros no, otros falsos- de utilización del cargo para fines privados. Y resulta estimulante que haya políticos que, en lugar de sumarse al coro de lamentaciones, tomen iniciativas concretas. Además, la experiencia indica que la posibilidad de que, el público conozca directamente la situación patrimonial y eventuales actividades lucrativas de políticos y, administradores- en activo tiene un efecto disuasorio sobre prácticas irregulares.

El problema de la propuesta de Bono es que esa publicidad se convierta en factor disuasorio de participación de personas valiosas en cargos públicos. Es un riesgo. Porque el ámbito de las personas sometidas a ese escrutinio se amplía considerablemente. Además, el proyecto sugiere que también presenten declaración de bienes, con carácter voluntario, otros directivos de las cajas, los alcaldes de municipios con más de 5.000 habitantes, así como los cónyuges e hijos respectivos.

No es tan difícil enmascarar las propiedades mediante testaferros ajenos a la familia. Y se refuerzan las tendencias endogámicas de la política profesional y otorga verosimilitud a esa especie de ley de hierro que convierte a los políticos en rehenes de sus partidos, enfrentados. a una difícil reinserción profesional y aferrados al puesto con desesperación: otra causa de corrupción.

En cualquier caso, la iniciativa de Bono va por el buen camino. Son necesarias respuestas democráticas a la crisis de confianza en políticos e instituciones. La transparencia es una de esas respuestas. Los demócratas deben demostrar que la caída del sistema, propugnada por extremistas y apocalípticos, no es la alternativa.