El retroceso democrático

Aunque con enorme retraso sobre el calendario previsto, el Congreso y el Senado han empezado a cumplir sus deberes de renovar las instituciones puestas por la Constitución bajo su cuidado. Tras la designación hace ocho días de los doce miembros del Consejo de Administración de RTVE y de seis vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las Cámaras elegirán en sus próximos plenos al Defensor del Pueblo y a los integrantes de los Consejos de Seguridad Nuclear y de Universidades. Todos esos nombramientos han sido pactados por el Gobierno y los portavoces de la oposición después de un duro forcejeo: los parlamentarios de los grupos comprometidos, en ese consenso sólo tienen -en teoría que depositar su papeleta debidamente cumplimentada. Sin embargo, las votaciones de la semana pasada provocaron en ambas Cámaras una rebelión simbólica de la marinería: en el Senado, como gesto de protesta por la ausencia de mujeres en el Consejo de RTVE y por su débil contribución al CGPJ, y en el Congreso, como manifestación de rechazo de los socialistas hacia un conocido profesor universitario propuesto por el PP.Algunas traviesas señorías, movidas por un burlón espíritu colegial, sustituyeron en las candidaturas del Consejo de RTVE al catedrático de sociología por un célebre torero y una famosa supervedette; esa folclórica anécdota, sin embargo, no debería servir para ocultar los motivos últimos de la minirevuelta parlamentaria. El diputado Ventura Pérez Mariño, elegido en las listas del PSOE como independiente, ha explicado las razones de su voto en blanco: el invasor protagonismo del ministro de la Presidencia a lo largo de las negociaciones sobre el CGPJ ha inmiscuido indebidamente al Poder Ejecutivo en la designación por el Poder Legislativo del órgano de gobierno del Poder Judicial. El olvido de las mujeres en las candidaturas para el Consejo de RTVE -un significativo lapsus freudiano de todos los partidos- ha puesto también de relieve la superficialidad e inconsistencia de los compromisos feministas contraídos anteriormente por PSOE, PP e lU.

Pero el principal motivo de irritación de los parlamentarios ha sido su marginación de las largas negociaciones entre el Gobierno y los líderes de la oposición para cubrir las vacantes de los órganos constitucionales; la rabieta infantil de los diputados que votaron a favor de Jesulín de Ubrique y Norma Duval es el reverso de la invitación paternalista de sus portavoces a que se comiesen sin rechistar las candidaturas como si fuesen lentejas.

La disciplina interna de voto sólo está democráticamente justificada cuando las mayorías y las minorías de los grupos parlamentarios discuten previamente sus respectivas propuestas; si los diputados y senadores no pudieron examinar y juzgar la idoneidad de los candidatos para los órganos constitucionales antes de la celebración del pleno, las críticas a sus eventuales abstenciones carecen de justificación convincente.

A la vista del caprichoso veto impuesto por el Gobierno al fiscal Martín Pallín como Defensor del Pueblo y de las conminativas órdenes dadas a diputados y senadores para la renovación del CGPJ y del Consejo de RTVE, parece evidente que el PSOE y el PP no han renunciado al sistema de cuotas partidistas ni han arbitrado procedimientos adecuados para que el Parlamento pueda contrastar los méritos de los aspirantes a integrar los órganos del Estado.

La presentación de la obligada renovación parlamentaria de los órganos constitucionales como la plasmación voluntaria del llamado impulso democrático no sólo es una desenvuelta manera de burlar la promesa electoral de Felipe González de acercar las instituciones a los ciudadanos: ese astuto escamoteo anuncia también el retroceso de la vida democrática hacia la simulación y el fingimiento político.