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Un senador del PSOE, condenado a un año de cárcel y seis de inhabilitación

Gonzalo Hernández Martínez, senador del PSOE y ex alcalde de Melilla, ha sido condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a un año de prisión, 150.000 pesetas de multa y seis anos y un día de inhabilitación especial para todo cargo público electivo, por un delito de infidelidad en la custodia de documentos durante su etapa consistorial. "Una vez más", dice el Supremo en su sentencia, "no parece fuera de lugar poner de relieve la importancia social negativa que estos comportamientos ofrecen, por la incidencia que pueden tener en la credibilidad de las instituciones".El Supremo declara probado que el Ayuntamiento de Melilla, a propuesta de su alcalde, Gonzalo Hernández Martínez, acordó contratar en marzo de 1991 con la empresa Demoscopia un estudio sobre la realidad socioeconómica de la ciudad, por el precio de 2.418.000 pesetas, por ser la oferta económica más ventajosa. Con ocasión de un viaje del alcalde a Madrid, éste recibió en persona el mencionado estudio, en el Centro Colón de dicha capital, de mano de un miembro de la entidad que lo elaboró.

Tras las elecciones municipales de julio de 1991, el nuevo alcalde del PP, Ignacio Vázquez Rivera, solicitó el estudio de diversos funcionarios y concejales del Ayuntamiento, que le indicaron que nunca había estado en su poder porque lo tenía el anterior alcalde. Meses después, González Hernández remitió el informe al alcalde del PP, pero éste comprobó que estaba incompleto.

El alcalde del PP se dirigió al directivo de Demoscopia José Ignacio Wert, pidiéndole que remitiera copia íntegra del mismo. Entre el informe original y el entregado se observaban importantes diferencias: el entregado por González Hernández tenía 18 folios y el original, 34; el título era distinto; el número de tablas en el entregado era de 17 y en el original, 72, y en el primero , se omitió el apartado referido al "análisis socio-político", que en el original ocupaba desde la página 19 a la 34.

El Supremo entiende que González Hernández "ocultó el informe para que los miembros de la oposición en el Ayuntamiento desconocieran anticipadamente a las elecciones la realidad socio-política que el informe describía, y de la que el acusado usó en su provecho o en el de su partido".

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