Economía ve una suma de casualidades en el 'caso Ibercoop'

El consejero de Economía, José Luis Fernández Noriega, argumentó ayer que mientras no existan pruebas que digan lo contrario, el caso Ibercoop sólo se puede definir como "un cúmulo de casualidades". Así definió que tres socios, en distintas etapas de la cooperativa Ibercoop, coincidieran años más tarde trabajando con diversas responsabilidades en su consejería y que esa sociedad y el grupo de empresas formado a su alrededor resultasen beneficiadas con cientos de millones de subvención de ese departamento. Fernández Noriega volvió a salir en defensa de su director regional de Empleo, Juan Navarro, uno de esos socios originarios de Ibercoop, cuya gestión calificó como "positiva" pese a las numerosas irregularidades observadas en la Dirección de Empleo por la auditoría definitiva de la Intervención General de la Comunidad.Ni Fernández Noriega ni el consejero de Hacienda, Ramón Espinar, del que depende orgánicamente la Intervención General, quisieron comentar ningún aspecto de las conclusiones de esa auditoría (veáse EL PAÍS de ayer) por no haber tenido tiempo para estudiarlas.

El consejero de Economía eludió responder a las preguntas que se le plantearon sobre una posible mala gestión de su director de Empleo y sobre las medidas que podría tomar si ésta quedará demostrada. Fernández Noriega, visiblemente indignado, contestó que no tenía por qué valorar "inquisitorialmente" una gestión cuando el PP había acusado a Navarro de ser un corrupto y el jefe de una banda de mafiosos". El consejero confesó desear que su director presente por fin una querella por injurias y calumnias contra el PP.

El PP desveló ayer otra posible irregularidad en otra actuación de Navarro, siendo director de Empleo, en favor de empresas del grupo Ibercoop.

Los diputados populares han encontrado al menos tres empresas de la trama las que Empleo dio irregularmente 12 subvenciones cuando estaban requeridas por la Seguridad Social como insolventes y a dos se les habían embargado todos sus bienes. El Boletín Oficial de la Comunidad recogió esos datos entre el 11 de noviembre y el 16 de mayo.

El PP ofreció datos para demostrar esta denuncia, que no sólo vulnera el artículo 2 de la orden de Economía que regula las ayudas a distintos programas, sino implica un daño patrimonial a la Comunidad, "al poderse recuperar el importe de esas subvenciones". Las mismas alcanzan casi los 60 millones.