Los consumidores, contra el pago de un canon por antenas parabólicas

,

La UCE (Unión de Consumidores de España) expresó ayer su total oposición al pago de un canon en concepto de derecho de propiedad intelectual audiovisual a EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales). Esta organización, autorizada por el ministerio de Cultura, ha dirigido cartas a administradores de fincas e instaladores y fabricantes de antenas parabólicas, en las que pide el pago de dicho canon.

La UCE, apoyada por el colegio de administradores de fincas y por los instaladores y fabricantes de parabólicas, considera abusiva la petición de EGEDA y cree que su postura viola el espíritu de la ley.

"No es lógico que se deba pagar una cuota por las antenas parabólicas comunitarias, cuando la ley exige que las antenas normales sean de tipo colectivo y no haya que pagar por ellas", afirma Jorge Hinojosa, secretario de UCE. "Pretenden cobrar entre 100 y 200 pesetas por hogar, lo que puede suponer una recaudación de 2.000 millones de pesetas anuales", asegura Hinojosa, dando a entender que lo que hay detrás de todo es un gran negocio. Otro argumento que esgrime la UCE es que los programadores ya pagan derechos de autor y que por lo tanto no deben hacerlo también los usuarios.

EGEDA agrupa a productores audiovisuales como las televisiones autonómicas o la productora El Deseo, de Pedro Almodóvar. "Sólo pretendemos poner un poco de orden en un sector que no lo tenía", asegura Miguel Ángel Benzal, gerente de EGEDA. "La situación en nuestro país debe ser similar a la de otros países de nuestro entorno, donde desde hace años se cobra por los derechos de propiedad intelectual audiovisual", añade Benzal.

"No sé lo que vamos a recaudar, aunque la cuota es similar a la del resto de Europa", comenta Benzal al ser preguntado por los posibles ingresos. "En cualquier caso, no vamos a hacer dejación de nuestros derechos y hemos comenzado una campaña de información al usuario", añade.

A los tribunales

La organización de consumidores se opone radicalmente a ello. "Estamos dispuestos a llegar hasta el final. Si es necesario acudiremos a la vía administrativa o a los tribunales. Todo menos pagar. Nuestro objetivo es doble, tranquilizar a los consumidores y que se cree un marco legal apropiado. Además, tenemos ya un informe del ministerio de Cultura en el que se manifiestan ciertas reservas a la interpretación que da EGEDA a la ley", apunta Hinojosa. "Y nos consta que todavía no ha pagado nadie", apostilla.Por su parte, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) evita pronunciarse hasta no estudiar el tema en profundidad, aunque aconseja en principio no pagar las cantidades, requeridas por la citada asociación.