Juzgado un diputado del PP valenciano acusado de esquilmar una empresa de la que era socio
Vicente Aparici, diputado por el Partido Popular (PP) en las Cortes valencianas, considera "bochornoso" y un "montaje político" el proceso que le llevó ayer al banquillo de los acusados. El fiscal y la acusación particular atribuyen a Aparici un verdadero saqueo de la empresa de calzado Hush Puppies España, SL, con el fin de enriquecerse ilegalmente. El acusado era socio de dicha firma y actuó como administrador durante un tiempo. Otro administrador, Vicente Traver, está acusado de los mismos hechos. El fiscal les imputa falsedades y apropiación indebida y reclama para cada uno cinco años de prisión. La acusación particular añade la estafa y la defensa solicita la absolución.Hush Puppies, domiciliada en La Vall d'Uixó (Castellón), presentaba elevadas pérdidas en 1991 y 1992. También Indexport, SA, su socio mayoritario, atravesaba dificultades. En esas circunstancias, de acuerdo con la versión del fiscal y la acusación, Aparici y Traver cobraron a clientes cantidades superiores al valor del material servido, ingresaron en cuentas particulares dinero de la empresa y sacaron material del almacén, siempre según esa versión.
El momento culminante de esa supuesta maquinación se produjo el 28 de mayo de 1992, cuando la Guardia Civil, alertada por el representante de Indexport, interceptó una furgoneta, ajena a la empresa, en la que se cargaban pares de zapatos sin albaranes ni documentación. Los agentes identificaron, a Traver y Aparici entre los presentes en aquel inomento en la sede, de Hush Fluppies.
El fiscal considera difícil calcular el dinero obtenido por los inculpados, pero se muestra convencido de que supera los seis millones. La acusación eleva considerablemente esa cifra. Hush Puppies cerró con un descubierto de más de 60 millones en diversas entidades bancarias. Indexport acabó querellándose.
Ambos acusados rechazaron esas imputaciones. Las cuentas abiertas a nombre de Aparici, según manifestaron, se explican porque las cajas rurales no concedían créditos en aquella época a empresas no vinculadas a la agricultura, pero sí a personas físicas. Respecto a la furgoneta, indicaron que era propiedad de un sobrino de Traver, a quien habían recurrido para reducir gastos. La mercancía se iba a trasladar a un domicilio en Valencia para intentar venderla.
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