Un auto imposible

EL JUEZ Moreiras ha entrado en el caso PSV como elefante en cacharrería. El auto del titular del Juzgado de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional por el que se fija una fianza civil de 65.000 millones de pesetas -seguramente la mayor de la historia judicial española- constituye un durísimo golpe para la UGT. Pero es posible que lo sea aún más para los miles de damnificados de esa cooperativa si la decisión judicial dificulta, como parece, los esfuerzos que los implicados -asociaciones de afectados, gestora IGS, cooperativa PSV, UGT y el propio Gobierno- están llevando a cabo para enderezar la situación y que los cooperativistas puedan acceder a sus viviendas.Que antes o después la onda expansiva del desastre de la PSV iba a afectar al patrimonio de la UGT estaba cantado desde que el caso llegó al terreno de lo penal. Los damnificados y sus abogados no sólo conocían esa posibilidad, sino que, como es lógico, la contemplaban como uno de los objetivos perseguidos por la acción penal. Tampoco la UGT podía ignorar que su responsabilidad por el fiasco de la PSV -20.000 familias de trabajadores burladas y expoliadas- no quedaría reducida al ámbito de lo moral. De hecho, la propia UGT tomó la, iniciativa de avalar con su patrimonio el crédito de 9.000 millones de pesetas otorgado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en diciembre pasado, para dar liquidez a la gestora IGS y a la cooperativa PSV, entonces en trámite de suspensión de pagos. Pero el embargo judicial de esos bienes, si finalmente se produce, daría un cariz muy distinto a ese aval, haciéndolo incluso inviable. A veces, castigar a los culpables y amparar a los perjudicados pueden ser objetivos difícilmente compatibles de forma simultánea.

La inculpación formal por el juez de los cuatro máximos directivos de la PSV -Carlos Sotos, Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Francisco Hernández- llevaba aparejada la exigencia de la correspondiente fianza con la que hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que, al término del proceso penal, queden establecidas. En primer lugar, a los inculpados, y subsidiariamente, a IGS-PSV y a la UGT. Pero como los primeros no están en condiciones de prestar esa exorbitante fianza, la decisión judicial implica de hecho el embargo directo de los bienes de esas sociedades y de la central sindical.

Queda la duda, en todo caso, de si el juez Moreiras ha dictado su resolución en el momento oportuno y si ha medido sus consecuencias. Algunos defensores de los inculpados han señalado que la cuantía de la fianza se ha fijado "a ojo de buen cubero", sin un informe pericial previo sobre la magnitud de los perjuicios causados. Y dirigentes de las asociaciones de afectados han mostrado también su asombro porque puedan embargarse bienes de los cooperativistas -de hecho, los de la PSV- con la pretensión de garantizar sus derechos.

Son indicaciones totalmente pertinentes. A lo que se añade que los bienes embargables no bastan ni con mucho, según estimaciones solventes, para cubrir la fianza de 65.006 millones exigida por el juez. En cambio, podrían ser suficientes para avalar créditos a las cooperativas que se constituyan tras el proceso de segregación actualmente en marcha. Ello haría posible el objetivo último de construir las viviendas. Si el embargo se lleva a efecto y los bienes de IGS-PSV y de UGT quedan inmovilizados, no cabe ninguna duda de que se destruye la base sobre la que se asienta la viabilidad de cualquier plan de futuro para los damnificados. La decisión del juez Moreiras puede ser coherente con los fines del proceso penal -castigar a los culpables y garantizar en lo posible el resarcimiento por los daños causados-, pero absolutamente perjudicial para el objetivo de que los cooperativistas disfruten algún día de la vivienda en la que empeñaron sus ahorros.