Un millón de sueños con la tierra prometida

Casi todos los norteamericanos están de acuerdo en que es necesario hacer algo para regular el flujo de inmigración ilegal. Estados Unidos recibe cada año un millón de personas, legales e ilegales, que buscan instalarse en lo que muchos de ellos contemplan como una tierra de promisión, y el país tiene, al fin y al cabo, derecho a planificar su ritmo de crecimiento para las próximas décadas.El acuerdo comercial firmado con México puede servir para desarrollar la economía del vecino del sur y reducir el número de inmigrantes, pero sólo a medio y largo plazo. De momento, el gobernador Pete Wilson -esta vez apoyado por algunos políticos demócratas- ha sugerido el despliegue de la Guardia Nacional y del Ejército norteamericano en la frontera con México, pero el Pentágono desechó la idea por inviable en términos prácticos.

El gobernador californiano fue también el primero en presentar una demanda contra el Gobierno federal para que se reembolsen a las arcas de su Estado los 2.400 millones de dólares (300.000 millones de pesetas) que dice gastar anualmente: para atajar la inmigración ilegal. Otros Estados con problemas migratorios, como Florida o Tejas, han seguido después la política de California.

Una de las ideas que frecuentemente se mencionan para controlar la inmigración ilegal es la de implantar un documento nacional de identidad. En Estados Unidos no existe ningún carné que específicamente cumpla esa función. El permiso de conducir, la tarjeta de la seguridad o el carné de estudiante son habitualmente utilizados cuando es necesario demostrar la identidad. En muchos Estados, la policía no tiene siquiera derecho a demandar esos documentos, a menos que exista una duda razonable de que se ha cometido un delito. La implantación de un carné de identidad choca con una gran resistencia por parte de la población norteamericana y podría incluso resultar anticonstitucional.

En el caso de que, como se espera, la proposición 187 sea finalmente aprobada en el referéndum del próximo martes, cabe anticipar un largo proceso judicial antes de que pueda entrar en vigor. Los enemigos de esa ley han anunciado ya que recurrirán contra ella ante los tribunales, y es muy probable que la decisión final quedará en manos del Tribunal Supremo de EE UU.