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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Posición y oposición

SE COMPRENDE que Arzalluz sea partidario de un Gobierno vasco estable, y que identifique esa estabilidad con la continuidad de los socialistas en el mismo. Pero aún se comprenden mejor las dudas de los socialistas al respecto. Incluso cabe pensar que existe una cierta relación entre lo uno y lo otro: entre la evidente preferencia del PNV por una fórmula de la que sólo ha obtenido ventajas y la tentación socialista de irse a la oposición.Arzalluz es partidario de una fórmula de gobierno que garantice la continuidad del mismo durante toda la legislatura, y para ello, que disponga de mayoría suficiente y sea equilibrada territorialmente. Esto último tiene que ver con la proyección de la alianza a los ayuntamientos y, sobre todo, las diputaciones, de gran importancia en el entramado institucional vasco. Arzalluz no quiere un Gobierno que pueda ser puesto en cuestión por las elecciones de mayo. Ese criterio excluiría una combinación PNV-EA, pese a ser la preferida por los votantes de ambos partidos, dada la debilidad del de Garaikoetxea fuera de Guipúzcoa. El PSE-EE, por el contrario, cuenta con una implantación equilibrada en los tres territorios, así como en sus capitales.

Pero los socialistas se lo están pensando. Un primer argumento contra la repetición es que el electorado socialista ha desautorizado la alianza y, en general, la política de colaboración con el PNV. Los datos no son concluyentes al respecto. Para serlo tendría que haberse observado una desviación clara respecto a los resultados Obtenidos por los socialistas, en otras comunidades. Pero en las elecciones gallegas perdieron 9 puntos, 11 en las andaluzas. En las vascas, el y retroceso ha sido de 3 puntos si se considera estrictamente al partido socialista, aunque de 10 si se cuentan los votos obtenidos por Euskadiko Ezkerra (EE) hace cuatro años. Esto último sería, sin embargo, exagerado porque la fusión con el. partido de Onaindía se produjo tras una ruptura que lo dividió prácticamente por la mitad. Pero aun contando sólo la mitad de

los votos de EE, el retroceso habría sido de entre seis y siete puntos: muy considerable, pero menor que en las otras dos comunidades en que ha habido elecciones después del 64.

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Un segundo argumento insiste en que prolongar el apoyo al PNV supone convalidar el regreso de ese partido a un discurso desestabilizador (aunque compatible con una política pragmática). Si el apoyo socialista permite a Ardanza seguir gobernando sin apenas desgaste, y ya no sirve para moderar el discurso de Arzalluz, ese apoyo es un mal negocio. Por una parte, produce una polarización que desvía el voto moderado hacia el PP; por otra, el electorado socialista tradicional puede considerar mejor defendidos sus intereses desde: la oposición reforzada ahora por el ascenso de Izquierda Unida -que desde una posición subordinada en el Gobierno.

La principal respuesta a ese argumento es que no está claro que la única alternativa imaginable sea preferible: un tripartito PNV-EA-PP, no deseado por ninguno de los tres socios, sería muy inestable. Queda la hipótesis de un Gobierno nacionalista PNV-EA con apoyo externo del PSE, adelantada ayer por Ramón Jáuregui. Aunque parece inspirada sobre todo por la necesidad de encontrar un equilibrio entre las posiciones existentes en su partido, esa salida tiene a su favor que hace compatible el criterio de no impedir la gobernabilidad con el de recobrar la independencia política. En su contra, que no enfrenta al. PNV con sus responsabilidades, sacándole una vez más las castañas del fuego. Desde las elecciones, el PNV es todo moderación y buen sentido; pero es ya una constante esa estrategia nacionalista de ofrecerse a resolver, con pragmatismo, los problemas que previamente ha provocado con sus desplantes: cuestionamiento, del marco constitucional, boicoteo al debate en el. Senado, apelación retórica a la autodeterminación.

Por ello, cualquier nuevo apoyo debería condicionarse no tanto a un reparto más o menos equilibrado de carteras, según ha insinuado algún socialista, como a un compromiso programático de respeto estricto del marco institucional y las reglas del juego.

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