Balladur propone un plan urgente contra la corrupción
Bajo la presión de los sondeos negativos y la descomposición de su Gobierno, Édouard Balladur anunció anoche una serie de medidas urgentes para hacer frente a la corrupción político-financiera. El primer ministro francés compareció ante las cámaras de la cadena de televisión pública France-2, a la hora de máxima audiencia, para exponer su propósito de limitar los gastos electorales, controlar el patrimonio de los políticos y establecer mecanismos, de vigilancia sobre la concesión de contratas públicas.
La primera de las medidas le afectará, muy probablemente, a él mismo. Balladur afirmó su intención de reducir en un 30% y situar por debajo de los 100 millones de francos (2.500 millones de pesetas) el presupuesto máximo para los gastos electorales de los candidatos a la presidencia. Los dos candidatos que alcancen la segunda vuelta tendrán un límite cercano a los 120 millones de francos. Los límites fijados hasta ahora son de 128 y 171 millones respectivamente.Los topes propuestos por el primer ministro no deberían suponer, en realidad, un gran sacrificio a los candidatos: ni Francois Mitterrand ni Jacques Chirac, los dos contrincantes en la segunda vuelta presidencial de 1988, gastaron oficialmente más de 100 millones de francos.
Acerca de la concesión de contratas públicas, auténtico nudo de la corrupción, Balladur debe entonar el mea culpa y rectificar una medida, que adoptó hace seis meses. En nombre de la eficacia y la agilidad administrativa, suavizó entonces los controles establecidos en una ley socialista de enero de 1993, cuando la corrupción había hundido ya la credibilidad de la izquierda. Ahora se trata de recuperar las cautelas abandonadas y aún añadir de nuevas: publicación de todas las ofertas para un contrato público, sea cual sea su cuantía y provenga éste de la administración local, regional o central, y examen de las mismas por un representante del gobierno.
Según publica hoy el diario Le Monde, el paquete de futuras medidas podría incluir también la prohibición a las empresas que viven de los contratas públicas de hacer donaciones a partidos o políticos individuales.
Lo más complicado es afinar el control sobre el patrimonio de los políticos. Según una ley de 1988, todos, desde, el presidente de la República hasta los alcaldes de ciudades con más de 30.000 habitantes, pasando por los diputados nacionales y regionales, deben presentar una relación de sus bienes ante una comisión. Sin embargo, sólo la declaracion patrimonial del presidente se hace pública, en las páginas del Journal Officiel. Balladur no osó anoche detallar cómo podrían vigilarse los enriquecimientos sospechosos, que ya han hecho caer a dos ministros de su Gobierno y han llevado a prisión a uno de ellos, Alain Carignon,
Para modificar la actual legislación sobre la riqueza de los cargos públicos sería necesaria una ley orgánica de nueva planta, y los trámites de aprobación de la misma resultarían muy difíciles de encajar en la agenda parlamentaria antes de las elecciones presidenciales de abril. El asunto del patrimonio -de los políticos no podrá ser afrontado seriamente, por tanto, hasta pasado el verano próximo, después de unas eventuales legislativas, y lo más que puede hacer ahora el primer ministro es aplicar algún reto que cosmético a las leyes para calmar en la opinión pública la psicosis de corrupción generalizada.
