Los tramposos

En octubre de 1993 se puso en marcha un acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de agosto anterior por el que se constituyó la Unidad Especial para el Estudio y Propuesta de Medidas para la Prevención y Corrección del Fraude (las mayúsculas son del original), a la que se encomendaba "el análisis coordinado y la propuesta de las medidas adecuadas en relación con los distintos métodos, procedimientos, impresos y sistemas informáticos que utiliza la Administración para prevenir y corregir "la comisión de actos que puedan ocasionar daños a la Hacienda Pública o a la Tesorería de la Seguridad Social tanto en la vertiente de los ingresos por distintos tributos como del gasto público por razón de pensiones públicas, prestaciones sociales, seguro de desempleo, ayudas sanitarias y demás subvenciones o ayudas públicas". El informe de la unidad tiene fecha de julio de 1994, y el que suscribe ha podido leerlo hace unas tres semanas; un grueso volumen, más 12 de anejos; dentro, hasta 259 propuestas de medidas de naturaleza y alcance heterogéneo.Un estudio sobre los fraudes de los ciudadanos a los fondos públicos, tanto en los ingresos como en determina dos conceptos de gasto. De algún modo, el informe es más rico que lo que sugiere la prosa del acuerdo del 93 y contiene propuestas que van más allá del encargo del Consejo de Ministros, por ejemplo, en modificaciones de la legislación civil, mercantil, tributaria, laboral, penal y hasta procesal. Contiene también una tipología del fraude, en la que ¿asi todos los españoles se verán reflejados, en materia fiscal o de prestaciones de la Seguridad Social o del desempleo. Claro que, como el propio informe reconoce, no todo lo que reluce es fraude, palabra demasiado solemne; y es que la trampa es a veces involuntaria o por inadvertencia. Sin embargo, la impresión que se recibe es que España es un país de tramposos; al menos en las cuestiones objeto de análisis. Recomiendo la lectura del informe. No diré que está a la altura de la mejor tradición casuística del siglo XVII, pero el prosaísmo administrativo no consigue anular el atractivo de lo prohibido, aunque sea tan vulgar.

Sin embargo, no tiene respuesta para preguntas apasionantes.

¿Cuánto suma lo que entre todos trampeamos? Se dice que es cosa dificil, que hay estudios que cuantifican; pero no nos los cuentan. El pudor administrativo. No quieren que nos llevemos malos ratos, quizá, al saber lo que suma la trampa nacional; o, quién sabe, tienen mala conciencia en cuanto que las administraciones algo tendrán de que acusarse; o es que no quieren desanimar a los parroquianos cumplidores; o es la natural propensión de lo público al secretismo; o la idea de que la felicidad de los súbditos está unida a una sana ignorancia; o la de que es conducta juiciosa pagar y no preguntar. Y otra duda, relacionada con la anterior: ¿somos más tramposos que otros? El espíritu patriótico se desenvuelve por extraños vericuetos; si al menos nos dijeran que somos más tramposos que nadie. Pero no, nada nos dicen; entre otras cosas porque las administraciones por ahí fuera se callan, en punto a cuantías, tanto como la nuestra; yo creo que somos más que algunos y menos que otros- más o menos, lo que corresponde "a nuestro estadio de desarrollo económico y político"; una gris vulgaridad. Pero no deja de ser una intuición.

El informe está hecho para discutirse, tiene propuestas razonables, otras más dudosas, y carece de suficiente examen de conciencia de los determinantes públicos de las trampas de los ciudadanos. Los autores han hecho honradamente lo que se les ha pedido, pero ésa no es ahora la cuestión. A pesar de su extensión, me ha sabido apoco. Echo de menos otro informe sobre las trampas que el sector público hace a los ciudadanos, cuando gasta y cuando, sin gastar, decide; un informe sobre las corruptelas de las administraciones; y que nos diga, además, cuánto cuestan a la Hacienda Pública; y las que, sin costar nada extra, e incluso produciendo algo, son discriminatorias entre los ciudadanos: una especie de elenco de prevaricaciones, y si este sector público nuestro es más o menos tramposo que otros. ¿Quién podría hacer ese informe? Con él se tendría, además, un cuadro completo del trampeo en torno a lo público. Y un punto de partida más realista para la prédica indignada de los profetas públicos y privados.