La hora de Hormaechea

LA SENTENCIA dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra el presidente de esta comunidad autónoma, Juan Hormaechea, es buena prueba de que, pese a sus carencias, el poder judicial puede cumplir el papel de contener y sancionar las prácticas corruptas en la Administración. Al final de un arduo y laborioso proceso de cuatro años de, duración, en el que no han faltado los desplantes y los pulsos de poder a poder, el dirigente cántabro ha si do condenado a seis años y un día de prisión, mayor por un delito de malversación de caudales públicos y a dos penas de siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por malversación y prevaricación.Hormaechea no ha salido, pese a la rotundidad de la condena, todo lo malparado que podía haberse esperado. El tribunal no ha aceptado todos los cargos de malversación y de prevaricación que le imputaba el ministerio fiscal -y por tanto, tampoco las penas solicitadas-, y además se ha mostrado particularmente benevolente con el condenado al poner al Gobierno en el trance de indultar una parte sustancial de la pena de cárcel con el inequívoco propósito de evitarle su ingreso en prisión.

La decisión del tribunal puede resultar polémica. Pero no se sale de los parámetros en los que se mueven los tribunales cuando consideran que la pena impuesta conforme a la ley resulta en exceso rigurosa en relación con los hechos. En el caso de Hormaechea, la malversación de caudales públicos es por un importe no superior, a los dos millones y medio de pesetas. Y no hay que olvidar que la inhabilitación suele ser más temida que las condenas de cárcel por quienes delinquen en el ejercicio de un cargo público.

En todo caso, es un signo de salud del sistema democrático que delitos que todos saben que existen, pero que tan poco se persiguen, como la prevaricación, el cohecho ola malversación de fondos públicos en la esfera del poder político, o los llamados de cuello blanco en la esfera del poder económico, dejen de ser una excepción en el ejercicio de los tribunales de justicia. Sobre todo; cuando tales prácticas no acaban de encontrar la respuesta que se merecen por parte de las instancias políticas que deben ¡mpedirlas o corregirlas de inmediato.

El caso Hormaechea es un buen ejemplo de esta lenidad y complacencia, en la exigencia de responsabilidades políticas. ¿Habrá llegado, finalmente, la hora de que el Partido Popular se desmarque explícitamente de un aliado que ha llegado a insultar a sus dirigentes y que no ha dudado en traicionarles cuando lo ha creído conveniente a sus intereses? Y, sobre todo, ¿considerará Aznar que es el momento de llevar a la práctica el bello principio de "no cambiar dignidad por poder" que anunció una vez como referente ético a seguir en sus relaciones con Hormaechea?

Hormaechea ha pasado de la situación de procesado, amparado por la presunción de inocencia, a la de condenado. Y aunque la sentencia vaya a ser recurrida, los hechos declarados probados hablan por sí mismos sobre su forma de gobernar: la utilización de fondos públicos en operaciones propagandísticas de carácter personal y la adjudicación a dedo de una contrata pública a la empresa de un amigo personal. Ahora no existe pretexto alguno para que los grupos políticos cántabros más responsables sigan aparentando estar adormecidos por las artes de un gobernante considerado nefasto y que, según han denunciado más de una vez públicamente, ha dirigido toda su estrategia política "en un sentido contrarío al del interés general de los cántabros".

No es un asunto meramente partidario el que está en juego, sino el prestigio y el buen nombre de las instituciones. Porque debiera ser difícilmente soportable para una sociedad medianamente sana que un Gobierno esté presidido por quien ha sido condenado por una probada gestión delictiva al frente del mismo, corno lo es también que una Asamblea regional cuente entre sus miembros con cuatro condenados por el mismo tipo de gestión.