La red Ibercoop no anotaba en su contabilidad las ayudas oficiales

VIENE DE LA PÁGINA 1La ocultación contable por las empresas de la red Ibercoop de esas subvenciones oficiales no presupone directamente un fraude fiscal. Es factible, en cualquier caso, que las empresas no registrasen en sus contabilidades estas ayudas y sí las declarasen posteriormente en sus documentos para el Ministerio de Hacienda. Ni el informe provisional del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de la Comunidad de Madrid en 1991, ni las denuncias del PP, ni ningún juez u organismo público han entrado todavía a investigar las responsabilidades que pudieran acarrear estas anomalías.

El Partido Popular abrió ayer, por otra parte, otro camino de la investigación del caso Ibercoop. El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Antonio Beteta, y la diputada de ese partido Carmen T . Ivarez Arenas aseguraron haber comprobado "indicios racionales de prevaricación en la actuación del director regional de Empleo".

El delito de prevaricación se relaciona con cinco subvenciones en total de 14 millones concedidas por Navarro a otras tantas empresas de la red Ibercoop en 1991 sin cumplir todos los requisitos de la normativa entonces vigente. El PP indica que en estos supuestos no se puede argumentar fraude en la utilización de subvenciones, como admite el propio Navarro, sino directamente en la concesión firmada por el director de empleó. "Navarro no puede alegar desconocimiento porque la propia orden exige la solicitud de esa documentación a las empresas subvencionadas y no debieron ser admitidas siquiera a estudio", comentó Álvarez Arenas.

Los incumplimientos se refieren a dos artículos de la orden de la Consejería de Economía del 7 de marzo de 1991 que regulaba esas subvenciones y que limitaba las posibles empresas beneficiarias según sus recursos propios: debían ser inferiores a 200 millones de pesetas (sumando capital y reservas). También se prohibía que estuviesen participadas en más de un 25% por otras empresas con recursos propios superiores a esa cantidad.

Según el PP, estas exigencias no se cumplieron en cinco casos porque Hades 87 -una de las empresas madre de la trama- tenía inscrito un capital social de 227 millones. Además, Hades 87 estaba presente también mayoritariamente en las otras firmas subvencionadas: Hades Informática (98%), Centro Odontológico (94%), Laboratorio Móvil de Calibración (51%) y Compañía Internacional Dental (99%).

La dirección de Empleo, de cualquier forma, aprueba sus subvenciones tras el estudio favorable o desfavorable de una comisión de trabajo en la que participan, además de otros funcionarios, los sindicatos y la patronal de los empresarios.

Juan Navarro entiende que el PP hace uso y abuso de datos del registro de esas empresas que no son del año en discusión (1991) y que están equivocados. Navarro aportó un informe interno de su departamento ante el que Hades 87 tan sólo demuestra un capital social de 15 millones.

Curiosamente, la normativa citada cambió en 1992 y se modificó el artículo que. limitaba la participación posible de otras empresas con capital superior a 200 millones: del 25% pasó al 33%. En 1993 la orden volvió a ser alterada para regresar al cupo anterior del 25%.

El PP entiende estos hechos de gravedad suficiente para que sean abordados por la comisión de investigación que hoy se constituirá en la Asamblea. En caso contrario, este partido. los remitirá a la fiscalía y emprenderá las acciones jurídicas que considere pertinentes.