El juez perseguido

Un juez nacido en Orense, de 63 años, Claudio Movilla, es el ponente de la causa seguida contra el presidente de Cantabria, Juan Hormaechea. Él es el encargado de redactar la densa sentencia de más de 70 folios, siempre consultando a los otros dos magistrados de la Sala, Mario García-Oliva y José Redondo.Movilla redactó en las últimas semanas la sentencia utilizando un ordenador instalado en su propio domicilio. "No por dudar de la discreción de los funcionarios sino por mayor funcionalidad", advierte.

Ya en los meses que precedieron a la vista surgieron los primeros lances. Presumiblemente con el propósito de demorarla, para intentar también que las autoridades superiores le apartaran de la causa o la propia renuncia del magistrado, el presidente procesado emprendió contra él una ofensiva sin tregua y en toda la regla en la que se comprometió al propio Consejo de Gobierno e implicó a algunos letrados.

A principios de diciembre de 1993, cuando ya se preparaba la primera impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Movilla fue acusado por el presidente de proclamar públicamente su izquierdismo. "Yo no sé si en 1936 -eso tendría que contestarlo él-, tales convicciones políticas hubieran sido motivo suficiente para tirar a la gente al mar por el faro de Cabo Mayor", insinuó el presidente ante los periodistas. "Aqui, desde luego, hubo quienes, movidos, por sus ideales de izquierdas, arrojaron a algunas personas por aquellos acantilados".

El juez no vaciló en calificar de "vergonzosas" las insinuaciones del procesado por "revelar una catadura que yo no desearía para el presidente de una comunidad autónoma", puntualizó.

Hormaechea optó apresuradamente por interponer ante el Tribunal Supremo una querella por injurias contra el juez, enseguida desestimada, al tiempo que el magistrado manifestaba que el presidente tendría un proceso digno, exento de cualquier tipo de valoraciones políticas sobre su gestión al frente del Consejo de Gobierno. Siguieron luego otros dos escritos de recusación ante el TSJC contra Movilla por desconfiar de su imparcialidad e independencia, asimismo rechazados. El Presidente: se basaba en que su juzgador tenía, un interés en la. causa, no podía ser ajeno a la polémica que por entonces su esposa, Elisa Polanco, bióloga, mantenía con Hormaechea por la adjudicación de una plaza de funcionaria en la Diputación regional, obtenida mediante concurso de oposición. Un decreto del Consejo de Gobierno revocó el nombramiento que meses más tarde confirmaría una sentencia del TSJC.

Todavía en estos días, a punto de leerse la sentencia, el juez, de cuyo presunto afán de protagonismo en la vida social de Santander también ha sido censurado por el Consejo de Gobierno, acaba de enterarse de que en junio pasado, en pleno desarrollo del juicio oral, la Diputación regional recurrió su designación como presidente del TSJC a cuya reelección había concurrido un mes antes. El Consejo General del Poder Judicial ha emplazado al juez, lo que éste no hará, a comparecer como parte coadyuvante en la resolución del recurso.

El magistrado había obtenido en mayo pasado el nombramiento gracias a los votos de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial que superaron sólo por uno a los miembros de presunta ideología conservadora, que emitieron sus papeletas en blanco. La resolución del último recurso corresponde a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que posiblemente la desestime y puede que, de paso, impute a la Diputación regional ."abuso de poder".