La autoridad, responsable

La autoridad no puede eludir sus responsabilidades respecto al incidente provocado por Jesulín de Ubrique y su apoderado el pasado día 22 en la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda. En el callejón del coso había un delegado de la autoridad, entre cuyas obligaciones entra impedir que nadie distinto a las cuadrillas irrumpa en el ruedo y prohibir que permanezca en el propio callejón toda persona que no esté de servicio o carezca de autorización para presenciar desde los burladeros interiores el festejo.Y, sin embargo, el callejón estaba abarrotado de gente, se unieron docenas de espectadores que bajaban de los tendidos para después saltar a la arena y felicitar efusivamente al torero en sus triunfales vueltas al ruedo, y culminó el desorden con la salida al redondel del apoderado dispuesto a torear, tras una visible y larga incitación de Jesulín de Ubrique -incluído un forcejeo con el hijo de aquel taurino, que trataba de evitarlo- todo lo cual trascendió al público.

La autoridad fue burlada, quién sabe si por dejación de funciones o por incompetencia manifiesta, desde luego en aquella ocasión y durante la corrida; pero también antes de celebrarse, al autorizar en el preceptivo reconocimiento del ganado unas reses probablemente fraudulentas y a todas luces impresentables, ya que carecían de trapío, estaban mochas, y una vez en el ruedo se pudo apreciar que eran inútiles para la lidia, pues carecían de la mínima integridad física para soportarla sin derrumbarse.

Los incidentes de Sánlucar, como el esperpento de Aranjuez protagonizado por Jesulín de Ubrique semanas antes, no son sino la manifestación extrema y grosera de la vergonzosa degradación a que ha llegado el espectáculo taurino en España.

El reglamento Corcuera -el mayor disparate que se haya podido concebir contra la fiesta de los toros en toda su historia- favorece las condiciones que hacen posible la comisión de un amplio repertorio de corruptelas, desde la impunidad. Y se complementa con la incuria de buena parte de los representantes del Ministerio de Justicia e Interior designados para presidir los festejos, quienes no ejercen las misiones de vigilancia que tienen encomendadas por ley, en tanto se avienen, por acción o por omisión, a las conveniencias e imposiciones de, determinados toreros, apoderados y empresarios, lo que les ha permitido convertir la fiesta en una farsa, basada en el debilitamiento sistemático de los toros y la manipulación escandalosa de las astas.