El gerente de los realojamientos culpa a sus jefes de no buscar la solución global
El gerente del Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada, Julio Fernández Mato, ha criticado a las dos administraciones que forman ese organismo -el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional- porque no se atreven a buscar "soluciones globales" para las 1.100 familias -6.380 personas- que todavía viven en favelas en la capital. El gerente considera que daría "resultados injustos" manifestar -por parte de las dos administraciones- algún tipo de preferencias a la hora de eliminar determinados asentamientos de chabolas en detrimento de otros (en referencia al de Peña Grande, que sufrió un incendio la pasada semana). Fernández Mato expuso ayer a los responsables políticos del Ayuntamiento y de la Comunidad que para afrontar el problema del chabolismo no se puede ni se debe actuar de manera. aislada o presionados por los medios de comunicación "a golpe de tragedia".El Ayuntamiento de Madrid debía aportar ayer una salida a las teóricamente 56 familias que fueron desplazadas en mayo desde el Camino de los Toros, en el poblado de Los Focos, hasta un asentamiento similar junto al vertedero de Valdemingómez, en la Cañada Real. Las condiciones sanitarias e higiénicas de este poblado han sido denunciadas por numerosos organismos y colectivos sociales, entre ellos, recientemente, un informe sanitario del Ayuntamiento de Rivas, en cuyo término está enclavado.
Los responsables municipales, en cualquier caso, parecen dispuestos a sacar de los presupuestos municipales el dinero necesario para transformar esas 56 casetas de madera y uralita del poblado de la Cañada Real Galiana en viviendas con algo de cemento y ladrillos.
El concejal de Urbanismo, José Ignacio Echeverría, propuso ayer esta solución para mejorar la situación de las 56 familias que residen desde el pasado mes de mayo en la principal vía pecuaria de Madrid. También podrían estudiarse nuevas ubicaciones. De cualquier forma, tan sólo 22 de esas familias serían atendidas por el municipio, ya que el resto, según han comprobado los inspectores del Consorcio, no pertenecen de hecho al antiguo Poblado de Los Focos.
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El proyecto aparcado
Más de la mitad de los chabolistas de la Cañada Real se colaron ilegalmente en el poblado
El concejal José Ignacio Echeverría anunció ayer que el Ayuntamiento está dispuesto a financiar la construcción de las nuevas viviendas, rescatando el dinero que reservaron a primeros de año para la construcción de 100 pisos en la Cañada Real. El Gobierno municipal adjudicó entonces esa obra a Dragados y Construcciones por 539 millones, pero las protestas ocasionadas por la proximidad del vertedero enfrió el proyecto y lo dejó aparcado.La segunda opción planteada ayer por Echeverría en el Consorcio es el traslado de los chabolistas a otra zona y, a otros terrenos. "En este caso habría que estudiar la manera de financiar los gastos del nuevo realojamiento, porque el Ayuntamiento no está dispuesto a soportar ese coste en solitario", explicó el edil.
El traslado a un nuevo asentamiento, sin embargo, no asegura la solución porque los posibles vecinos podrían reproducir los problemas y poner el debate otra vez en el punto de partida. Otro obstáculo, además, está en delimitar perfectamente de cuántos chabolistas realmente se está tratando.
Ni el Ayuntamiento ni Cáritas, que colaboró en su día en el traslado, tienen claro cuántas personas viven ahora en la Cañada. Se sabe seguro que hay levantadas 56 chabolas.
Los inspectores del Consorcio han observado, sin embargo, que 10 no están habitadas y que sólo 22 proceden de Los Focos y están, por tanto, legalmente censadas. Pero incluso entre éstas hay de todo: tres sin dueño identificable, seis procedentes de familias de ilegales desalojados de otros poblados, cinco vendedores ilegales de viviendas públicas, cuatro nuevos matrimonios de hijos de padres alojados en viviendas públicas del Ayuntamiento (EMV) o la Comunidad (Ivima), dos matrimonios de hijos de padres vendedores de viviendas públicas y dos sin datos.
Las 34 familias de chabolistas restantes se han colado en el poblado y teóricamente no tienen ningún tipo de derechos adquiridos. No están censados por el Consorcio. El panorama de casos repite situaciones muy similares a las citadas.
Ni Ayuntamiento ni Comunidad, de cualquier forma, han hecho gran cosa por erradicar el problema del chabolismo. Ninguna de las dos administraciones aporta regularmente las viviendas a que se comprometieron. Los acuerdos, planes y proyectos para la construcción de esos pisos continúan paralizados hace años.
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