El Gobierno utilizará el 'control por decreto' en las empresas privatizadas en más del 5%

El texto del proyecto de Ley de Privatizaciones, elaborada por los departamentos de Industria y Economía y severamente analizada por el Departamento de Justicia para evitar "discriminación contra los accionistas minoritarios", fue aprobada ayer en el Consejo de Ministros. El proyecto de ley permite al Ejecutivo mantener el control sobre las actividades empresariales de interés público después de vender los paquetes de control. Casi con toda probabilidad, la primera empresa pública a la que se aplicará la ley será Repsol, a comienzos del año que viene.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la regulación del marco general de las privatizaciones en España, conocida como Ley de Privatizaciones y que técnicamente se conoce como proyecto de Ley por el que se regula el Régimen Jurídico en caso de Enajenación de Participaciones Públicas en Determinadas Empresas. Esta Ley proporciona el marco jurídico para que el Gobierno, si así lo desea, pueda privatizar todas las acciones de todas las empresas con control público sin que, en teoría, quede afectado el cumplimiento del servicio público.El proyecto de Ley garantiza que el Gobierno controlará las actividades empresariales básicas de aquellas empresas públicas privatizadas cuando éstas cumplan funciones de interés público. El objetivo es garantizar que esas funciones se mantienen. La Ley será de aplicación a aquellas empresas con una participación pública superior al 25% del capital social y facultará al Gobierno para que controle las actividades que considere fundamentales siempre que el porcentaje privatizado sea superior al 5% o que la operación, aunque sea por un paquete inferior, implique que la participación estatal se reduce por debajo del 15%.

Control estratégico

Cuando se cumplan esas condiciones, el Consejo de Ministros tendrá que aprobar, si lo desea, la venta de activos que considere estratégicos; las operaciones de disolución, escisión o fusión; la venta o gravamen de activos o participaciones sociales que se determinen y la compra por parte de terceros de participaciones superiores al 5%. De esta forma, el Estado se garantiza el control estratégico aunque su participación accionarial sea muy reducida.

La elaboración de la Ley responde a la necesidad inmediata de garantizar el control último del Estado ante la privatización de Repsol que se ejecutará en 1995. Repsol tiene más del 25% de capital público, y la colocación entre accionistas privados será muy superior al 5%. Por lo tanto, el Gobierno, en aplicación de la Ley, elaborará un Decreto en el que relacionará el cuadro de activos y actividades que se controlará en Consejo de Ministros.

Ésta es una de las opciones de control que existen, es decir, que el Gobierno establezca por un Decreto individual cuales son las actividades que quedan bajo su control. Pero también cabe la posibilidad de que la Administración elabora Decretos sectoriales, en los cuales se determinen los activos y actividades de cada sector que son estratégicos, de interés público y, por lo tanto, deseables de tener bajo control en caso de venta.

El Gobierno enviará inmediatamente el proyecto de Ley aprobado al Congreso para la tramitación parlamentaria. Mientras tanto, el Ejecutivo redactará un desarrollo reglamentario para determinar "cómo se inscriben en el Registro Mercantil las limitaciones en la capacidad accionarial" contenidas en la Ley. Porque, en la práctica, el texto del Gobierno establece una limitación de los derechos políticos de las acciones sobre las que pueda aplicarse la Ley; limitación que no está reflejada o regulada en la Ley de Sociedades Anónimas.

El temor a la posible ilegalidad de recortar los derechos accionariales ha impulsado al Gobierno a someter el texto a un estrecho examen jurídico. El proyecto fue exhaustivamente analizado en el ministerio de Justicia. "No existe discriminación contra los accionistas privados si se compara el cuadro de derechos actual con el que permite la Ley. Los accionistas de las sociedades públicas enajenadas podrán, según la Ley, nombrar al presidente u orientar la gestión de la compañía, cosa que ahora no pueden hacer en las empresas públicas con capital privado". Este mismo argumento se utiliza para eliminar una hipotética acusación de intervencionismo.

Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró ayer, en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, que las comunidades autónomas y los Ayuntamientos podrán, si lo desean aplicar esta Ley". Las posibilidades de privatización se multiplican.