"Hay que evitar que se venda el censo electoral"

"Se puede presumir que hay partidos que no tienen interés en concurrir a las elecciones y que simplemente se presentan con el fin de acceder al censo electoral y obtener determinados rendimientos con su comercialización", afirma Juan Martín-Casallo, fiscal de carrera y primer director de la Agencia de Protección de Datos.Aunque la ley de datos excluye expresamente el censo electoral, Martín-Casallo piensa proponer al Instituto Nacional de Estadística un acuerdo para "establecer determinadas claves de seguridad que nos permitan mañana saber quién ha sido el responsable de esa fuga informativa que afecta a millones de ciudadanos".

La legislación española sobre protección de datos está dando sus primeros pagos, pero el director de la agencia ya augura "modificaciones en profundidad de la ley en un plazo no demasiado largo". En su opinión, la reforma legal "será buena, porque nos permitirá resolver las lagunas que vayamos aprecianda al aplicarla".

Además, habrá que tener en cuenta la decisión del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados por el Defensor del Pueblo, el Grupo Popular y la Generalitat de Cataluña, así como la directiva sobre protección de datos que prepara la Unión Europea y que, a diferencia de la ley española, no distingue los ficheros públicos de los privados. Todo ello, según Martín-Casallo, "va a conformar una legislación mucho más precisa".

Durante sus primeros 11 meses de vida, la agencia se ha dedicado, como tarea fundamental, a la elaboración de un registro con todos los ficheros de datos personales que hay en España. Concluido el plazo de inscripción el pasado 31 de julio, su responsable hace un balance "bastante positivo" de la campaña y cifra en unos 200.000 el número de ficheros inscritos a final de año, "lo que significa un 65% o 70% de lo que tiene Francia, con 15 años de vigencia de la ley".

Aunque asegura desconocer la identidad de las empresas que han inscrito sus fichero y, en consecuencia, cuáles no lo han hecho, el director de la agencia estima que alrededor del 10% de los bancos de datos corresponden a administraciones públicas, y el resto, a empresas privadas. "Aproximadamente la mitad son ficheros de nóminas, clientes o proveedores".

También se están tramitando ya las primeras quejas de los ciudadanos, que han originado la apertura de unos 25 expedientes informativos. Al menos la mitad, como ocurre en otros países, se refieren a la inclusión en listados de morosos o insolventes. "Si el dato es verídico, no se puede hacer nada. Lo que la agencia pretende es que, si alguien ha sido incluido en un fichero de morosos de forma indebida, salga inmediatamente", afirma Martín-Casallo.

Algunos ciudadanos, sin embargo, se dirigen a la agencia preguntando en cuántos y cuáles ficheros hay datos suyos. "Ésa es una información que, aunque quisiéramos, no les podemos dar", explica su director. "Nosotros sólo conocemos la estructura de los ficheros, no su contenido". La misión de la agencia es ayudar al ciudadano cuando alguna entidad pública o privada le niegue el derecho a conocer sus datos personales registrados y a modificarlos o cancelarlos, si es su deseo.