Réplica de Carlos Sotos

Esta carta no se acoge a formalidad legal alguna, y posiblemente su destino sea la misma papelera a que han ido a parar otros escritos por mí realizados con la intención vana de aclarar algunas "auténticas noticias falsas" sobre el llamado caso PS V Lo que ya excede mi capacidad de aguante (y ya es decir) es la información que J. Yoldi publicó el 23 de septiembre sobre la declaración de González Tascón, declaración que constituye una pura falsedad. Tan categórica afirmación es fácilmente comprobable por usted con la documentación que, me consta, obra en poder de sus redactores desde hace casi dos años y que permite demostrar lo siguiente:1. Que yo no era presidente de UNIAL en la época en que se formalizaron las operaciones descritas en la información publicada. Por tanto, yo no podía, en ningún caso, dar las órdenes que me atribuyen, ni sobre fondos de reserva ni sobre nada, que tuvieran eficacia alguna.

2. Que el presidente de UNIAL era, en ese periodo, don Sebastián Reyna Fernández, entonces y ahora secretario de finanzas de UGT. Asimismo, el consejero-delegado y primer ejecutivo de la compañía era don José Ignacio López Rodríguez. Ambos podían, en su caso, dar las órdenes o disponer de los fondos que considerasen oportuno, para esas u otras operaciones.

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3. Que tras mi nombramiento como presidente de UNIAL, prácticamente en 1992, no tomé decisiones operativas de ningún tipo en dicha entidad. Posteriormente, y tras ser requerido por la Dirección General de Seguros, el 26 de octubre de 1992, nos fueron exigidas medidas extraordinarias, dado el estado de la gestión en que, a juicio de la Administración central, se encontraba la empresa. Fue a partir de ese momento cuando el consejo de administración, por unanimidad, acordó el cese del consejero-delegado señor López Rodríguez (1 de diciembre de 1992), junto a otras importantísimas medidas, como fue el, desembolso de 2. 000 millones de pesetas en capital, antes del 31 de diciembre de 1992, para garantizar la solvencia de la entidad, como así se hizo.

4. Que, en base a lo anterior, se procedió al despido, por acciones contra la empresa, de los principales responsables ejecutivos de una política de contratación y comercial que provocó pérdidas por valor de varios miles de millones de pesetas en varios ejercicios, como está debidamente documentado. El señor González Tascón era el número dos en la jerarquía operativa de la compañía y directo responsable de dicha gestión. Tal situación heredada motivó la poco conocida crisis de UNIAL, destinada a proyectarse como el caso PSV, cargándome a mí, para más inri, con su responsabilidad personal.

5. Que fue, precisamente, esa crisis de UNIAL la espoleta que permitió crecer la desconfianza (o sirvió para su justificación) e hizo saltar por los aires la credibilidad financiera necesaria en un momento clave para PSV, S. Coop., e IGS, SA. En efecto, el inicio de miles de viviendas en la primavera de 1993 vino acompañado de fuertes tensiones en UNIAL, que aparecieron reflejados en los medios de comunicación (véase la portada del diario El Mundo de 30 de abril de 1993), y esto perjudicó notoriamente a la obtención de los préstamos imprescindibles para la construcción de dichas viviendas, que habrían de conceder las entidades financieras públicas (Argentaria y cajas de ahorro). Sólo año y medio más tarde se comprobaría que era una mera excusa para no cumplir los compromisos de dichas entidades y las administraciones públicas con los, entonces, gestores de PSV, S. Coop.

6. Que tras la salida de tan nefasto equipo directivo se hizo casi lo imposible para mantener y sanear la compañía de seguros de UGT y eliminar su proyección negativa sobre PSV, S. Coop., e IGS, SA. En todo el periodo que va desde diciembre de 1992 a julio de 1993 (fecha en que dimití), ésa fue una de mis principales obsesiones, y, en todo caso, jamás durante esa época llevé la operativa de la entidad ni dispuse de sus fondos, por entonces fuertemente controlados por la Dirección General de Seguros.

7. Que todas las anteriores afirmaciones están respaldadas por registros mercantiles, auditorías especiales de Arthur Andersen y Ernest Young y resoluciones administrativas. Difícilmente puede imputárseme lo que refleja el titular de la ¿noticia? del 23 de septiembre de 1994.

8. Que lo único cierto es que un ex alto directivo de UNIAL declaró ante el juez señor Moreiras el 29 de- julio de 1994, y queese mismo día, a las tres de la tarde, se emitía por ese juez un auto que todavía me mantiene en prisión.

Éstos son los hechos. Resulta cruel que la venganza busque el amparo de la justicia, pero es aún peor la veracidad que le aporta su publicación en el medio que dirige, sobre todo cuando se filtra dos meses después coincidiendo, casualmente, con el presumible pronunciamiento de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre el recurso de queja que solicita a dicho órgano mi libertad.

Por todo lo anterior, me parece inmoral que se me ataque sin contemplaciones en una situación personal de clara indefensión y con limitaciones a mis derechos constitucionales, como es el de libre expresión, dado que el juez señor Moreiras ha denegado mi solicitud de 12 de septiembre de 1994 al director de la prisión de Carabanchel para efectuar dos entrevistas radiofónicas con los señores Herrero y Encinas, de las cadenas COPE y la SER, respectivamente.

Quiero concluir lamentando decirle que me parece impropio de su medio la ausencia de comprobación (tan fácil en este caso) de unos hechos de esta trascendencia. Aquí hay algo más que una noticia, se trata también de algo que afecta a la libertad de una persona; se trata, en definitiva, de no alimentar artificialmente la alarma social que justifica para algunos, e interesadamente, mi privación de libertad.- Centro Penitenciario de