¿Quien sigue?

El vil asesinato de Francisco Ruiz Massieu, secretario general del Partido Revolucionario institucional (PRI) de México, posee un poderoso efecto retroactivo: impide creer que el sacrificio de Luis Donaldo Colosio fue el acto aislado de un demente. Siempre me he mostrado reticente ante las teorías de la conspiración. Prefiero no creer en ellas, salvo prueba en contrario. Me veo obligado, ahora, a sumarme a la hipótesis sostenida por mi amigo Agustín Basave Benítez: debemos creer en la conspiración, salvo prueba en contrario.Desde abril, durante un encuentro en la Universidad norteamericana de Brown, Federico Reyes Heroles daba buenas razones para atribuirle la muerte de Colosio a un narco-poder ominoso, enmascarado, simbiótico con estructuras del Gobierno y del PRI. La muerte de Ruiz Massieu parece confirmarlo. Abre todos los días más cloacas, más asociaciones delictivas, más tramas y complicidades funestas. Presagia algo que los colombianos conocen de sobra: la guadaña para todo aquel que se oponga efectivamente al reino de los narcopoderes.

En Colombia, sólo a partir de 1984, han caído Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia; Jaime Pardo Leal, líder de la UP (Unión Patriótica); Carlos Mauro Hoyos, procurador general de la República; Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro Leongómez, candidatos a la presidencia; Álvaro Medina y María Díaz Pérez, jueces encargados del caso Escobar; Antonio Roldán Betancur, gobernador de Antioquia, y Guillermo Cano, director del diario El Espectador. Son ejemplos brutales. El lector puede formar su propio reparto mexicano.

¿Quién sigue? Sere infidente: durante la cena que el pasado mes de agosto tuvimos en la isla de Martha's Vineyard con el presidente Bill Clinton, Gabriel García Márquez expuso, con particular vigor, el argumento de su patria colombiana. ¿Por qué se persigue con tanto vigor a la oferta, y se trata con tanta suavidad a la demanda? ¿Quiénes, en Estados Unidos, reciben la droga de Colombia, lavan el dinero, la distribuyen diariamente a treinta millones de norteamericanos, compran a los abogados, a la policía, a los políticos? Seguramente hay narcobarones norteamericanos mucho más poderosos que cualquier traficante ' colombiano. Pero mueren quienes los combaten en Colombia, no en Estados Unidos.

Bill Clinton le contestó a García Márquez que la ley anticrimen enviada por el presidente al Congreso y aprobada por éste después de un arduo debate, era el arma más segura para reforzar el combate contra la delincuencia señalada por el novelista. Todos los presentes conocíamos, por lo demás, la entereza con que Clinton ha defendido su legislación anticrimen. Es el primer presidente de Estados Unidos que se le enfrenta a la poderosa y temible NRA, la Asociación Nacional del Rifle, que proclama un supuesto derecho constitucional de portar armas. El resultado es que en Estados Unidos las pandillas callejeras de adolescentes están mejor armadas que la policía.

¿Es casual que el asesinato del secretario general del PRI ocurra tres días después de que su hermano, el subprocurador general Mario Ruiz Massieu, anunció una vigorosa campaña contra el narcotráfico? ¿Lo es que, pocos días antes, los secretarios de Hacienda de México y de Estados Unidos, Pedro Aspe y Lloyd, Bentsen, hayan lanzado una Operación Cobra para castigar efectivamente el lavado de dinero del narcotráfico?

Yo firmé, hace meses, una propuesta de García Márquez para despenalizar el uso de la droga y arrancarles así las uñas a los barones, como se las arrancó a los bootleggers norteamericanos la derogación de la ley Voltstead, que prohibía, con funestas consecuencias, el consumo del alcohol. Hoy, ningún Gobierno puede o quiere, todavía, acceder a esta razón. A la sociedad le interesa insistir en los motivos para acabar, en el nido, con la amenaza envenenada de todas las cobras del mundo.

Mientras tanto, la muerte de Ruiz Massicu interrumpe el proceso poselectoral mexicano, la puesta a prueba de los cauces legales para revelar y castigar irregularidades en la votación, la concertación de diálogos, la calificación misma de las elecciones. El crimen del 28 de septiembre vulnera por igual al Gobierno saliente y al entrante.

Revela, también, un hoyo gigantesco en el centro mismo de los sistemas de inteligencia y seguridad mexicanos. ¿Alguien ha oído hablar de la Coordinadora de Seguridad, encabezada por el licenciado Arsenio Farell? Sin embargo, los requisitos de seguridad no deben, en ningún caso, dañar los requisitos de la libertad. A la larga agenda de la reforma democrática en México se añade ahora esta prioridad: seguridad con libertad. Y con justicia. Los acontecimientos que nos conmueven son responsabilidad, asimismo, de un aparato judicial notoriamente ineficaz, corrupto y lento. Nada atenta más contra la implementación del Tratado de Libre Comercio que la falta de confianza del inversionista extranjero en las tribulaciones de la justicia mexicana. Con razón, el Banco Mundial, en su informe restricto sobre las perspectivas mexicanas para los noventa, destaca y critica Ias debilidades del marco jurídico comercial y de los mecanismos para resolver disputas que constituyen importantes limitaciones para el desarrollo del sector privado". El banco añade que los procesos mexicanos son Iargos, costosos e impredecibles", responsabilizando en parte a "un inaceptable nivel de competencia e integridad de los jueces".

Nuestro país, ante hechos tan graves, va a necesitar toda su capacidad política, intelectual, moral y jurídica para sobreponerse y salvar, en resumidas cuentas, el proyecto nacional. El sacrificio de Luis Donaldo Colosio y de Francisco Ruiz Massieu, si logramos vencer a sus enemigos, no habrá sido en vano.