Los empleados de Pesa 'ordenan' a su presidente que negocie

Los tres principales directivos de Pesa Electrónica entraron ayer a sus despachos a trabajar de mañana y a primera hora de la madrugada aún no habían vuelto a sus casas. A la hora del bocadillo (las 10.45) el comité de empresa comprobó en el banco que la dirección no había cumplido su promesa de pagar parte de los 500 millones que adeuda a la plantilla (330 empleados). Los sindicalistas -miembros de UGT y CC OO- entraron en el despacho del vicepresidente, John Servizio, y expresaron su firme voluntad de no salir de allí hasta recibir garantías. Mientras, cientos de trabajadores les respaldaban en la calle que separa los dos edificios de la empresa, sita en Albalá, 12 (San Blas) Una llamada de socorro de la dirección origino un gran despliegue de medios policiales: un helicóptero y 25 furgonetas. Esta protección permitió al presidente de Pesa, Antonio Díaz Borja, y al director financiero, Ernesto Pérez García, salir de uno de los edificios y pasar al otro para su marse al encierro forzado por el comité. La plantilla aseguraba anoche que los directivos no estaban retenidos "porque cuando quieran irse, avisan a la Policía que espera en la puerta". El espectacular despliegue policial hizo decir a alguno: "Esto parece una calle de Haití".

Pesa Electrónica era una de las filiales del grupo Amper, que la vendió el pasado abril a un grupo de inversores estadounidense. Actualmente, fabrica equipos de vídeo y sonido, y aparatos para transmisión de señales de televisión.

Según los trabajadores, el vicepresidente, John Servizio, alegó ayer que no podían pagarles porque la semana que viene Pesa Electrónica va a suspender pagos. Los empleados temen un cierre inminente.