Hacienda investiga pagos irregulares en una concesión municipal de Zaragoza

Hacienda ha descubierto que la sociedad constructora de la depuradora municipal de aguas residuales de Zaragoza pagó algo más de 300 millones de pesetas a cambio de facturas presuntamente falsas de una pequeña empresa de Terrassa (Barcelona). La concesión de esa obra al grupo francés OTV-Compagnie Générale des Eaux, otorgada por el Ayuntamiento en enero de 1990, causó una gran polémica en Zaragoza, con acusaciones de tráfico de influencias incluidas. El caso fue denunciado al fiscal, pero se archivó por falta de pruebas.

La empresa Depuradora de Zaragoza, SA, filial del grupo francés declaró a Hacienda que había desembolsado más de 300 millones contra unas facturas de una modesta empresa de Terrassa, LMS Construcciones, SA, pero ésta no había declarado el cobro. El administrador de esta última empresa, Luis Manuel Sosa, declaró a este diario que ni sabía que existiera una depuradora en Zaragoza: "No estaría, como estoy, cargado de deudas, de haber cobrado esa cantidad".LMS Construcciones estuvo activa entre 1989 y 1991 y se dedicaba al prestamismo de peones para la construcción. El trabajo más importante que realizó ascendía a cinco millones, según Sosa, quien trabaja ahora para terceros como vendedor. "Alguien se ha hecho rico utilizando mi nombre", explicó. De acuerdo con su relato, los inspectores de Hacienda le mostraron hace unos meses fotocopias de facturas y recibos de LMS, pero él no reconoció ni su contenido ni la firma que aparecía en éstos. La utilización de sus facturas podría tener que ver con un asalto que sufrió su oficina en una fecha que no puede precisar. Las facturas se pagaron en 1991 y 1992.

Un portavoz de Depuradora de Zaragoza señaló ayer que la empresa, ya tuvo una inspección de Hacienda por este asunto en 1993. "Aportamos la documentación que nos pidió Hacienda y el tema quedó cerrado", indicó. La construcción de la depuradora costó 22.500 millones de pesetas. OTV, además, obtuvo su explotación durante 25 años.

Dídac Fàbregas

La concesión a OTV abrió un escándalo en Zaragoza cuando se supo que el propietario de la empresa que había elaborado para el Ayuntamiento, de mayoría socialista, el estudio previo al concurso de adjudicación -Dídac Fàbregas, de Estudis i Assesorament (EIA), de Barcelona- era socio de la multinacional francesa en otra sociedad. Izquierda Unida denunció la aparente connivencia entre Fàbregas, OTV y el Ayuntamiento al fiscal jefe de Aragón, pero éste lo archivó.

Fàbregas había sido contratado en 1988 por el Ayuntamiento de Zaragoza para que hiciera un estudio sobre la depuración y tratamiento de las aguas residuales de la capital aragonesa, por el que cobró casi cinco millones de pesetas. En noviembre de 1989, -dos meses antes de la concesión de la depuradora- fundó con OTV y otros socios la empresa Sociedad Catalana de Cogeneración, convertida luego en Explotaciones y Aprovechamientos Energéticos (EASA).

Dídac Fàbregas fue militante socialista hasta hace unos cinco años. Fue consejero de la Junta de Castilla-La Mancha y director general de Desarrollo Autonómico en uno de los primeros Gobiernos del PSOE. Su nombre ya se vio relacionado con una denuncia por presunto tráfico de influencias en la concesión, también a OTV, de la depuradora de Puerto de la Cruz (Canarias).

La oferta de OTV elegida por el Ayuntamiento de Zaragoza (presentó un proyecto base y otro con mejoras y se aceptó este último) era sensiblemente más cara que las dos presentadas por la otra compañía que concursó (una unión temporal de empresas entre Dragados y Construcciones y FOCSA), aunque los informes técnicos del municipio destacaron la superioridad tecnológica de la oferta mejorada de la sociedad francesa.

También en la adjudicación de la depuradora de Puerto de la Cruz el estudio previo fue realizado por la empresa EIA, a partir del cual el municipio elaboró el pliego de condiciones para el concurso, que lo ganó asimismo la compañía OTV.

La entonces concejal por el PP de esa localidad canaria María del Carmen Rodríguez Cámara presentó una denuncia judicial por un supuesto delito de prevaricación, violación de secreto y tráfico de influencias contra el alcalde socialista, nueve concejales del PSOE y uno del CDS, todos quienes habían votado la concesión. La concejal terminó por retirar la denuncia. "No tenía dinero para seguir adelante", se justificó en una conversación con este diario.