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El Gobierno pide un mínimo de 50.000 millones por la licencia privada de telefonía móvil

La cobertura llegará en cinco años a las poblaciones de más de 10.000 habitantes

Las empresas que aspiren a obtener la segunda licencia de telefonía móvil en modalidad GSM (telefonía digital paneuropea) deberán pagar al Estado un mínimo de 50.000 millones de pesetas, que se convertirán en 62.000 si el aspirante quiere subir de puntuación. Además, en los primeros cinco años deberán alcanzar una cobertura de las poblaciones que superen los 10.000 ha bitantes y todas las carreteras nacionales. Así se establece en el pliego de bases del concurso para la adjudicación de la segunda licencia, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado en las próximas horas.

Se abre de esta forma la última carrera por la ocupación de negocio estimado en más 200.000 millones de pese as para los próximos cinco años.La Compañía Telefónica, que cuenta ya con cerca de 400.000 abonados a la telefonía móvil automática, saldrá con ventaja en este salto a una modalidad más avanzada, ya que no tendrá que pagar nada por su propia licencia en GSM, y además comenzará a operar con ella desde el momento en que se produzca la adjudicación al segundo operador. Por tanto, ofrecerá servicios en GSM seis meses antes de que el otro operador esté en condiciones de hacerlo.

Las ofertas para la segunda licencia -hasta ahora se han constituido cinco consorcios- deberán presentarse antes del mediodía del 14 de noviembre próximo. El día 22 de ese mismo mes, la mesa correspondiente admitirá o rechazará las documentaciones presentadas. La adjudicación se hará a finales de diciembre. Con este calendario, la secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado, estima que el nuevo operador comenzará a ofrecer el servicio a mediados de 1995.

Tras estudiar diversas opciones, el ministerio ha confirmado su voluntad de otorgar la concesión por un sistema mixto, en que se valoren los méritos de la oferta, pero también la aportación al Tesoro Público. La cifra mínima que figura en el pliego de condiciones -50.095 millones de pesetas- se ha adoptado tras un tira y afloja entre el Ministerio de Obras Públicas, partidario de establecer un mínimo más cerca de los 75.000 millones, como en Italia, y el de Industria, que no quería cargar excesivamente al adjudicatario para que no repercutiera en las tarifas del usuario. Los consorcios aspirantes se habían mostrado también partidarios de no sobrepasar los 50.000 millones.

Además, el adjudicatario tendrá que pagar un canon anual por ocupación del espectro radioeléctrico, que será de 250 millones el primer año, para acabar en 700 millones de pesetas el quinto año.

Fuentes de los consorcios que aspiran a esta licencia coincidieron ayer en que les parece alto el precio de la misma y muy corto el plazo. para a presentación de ofertas, además de las ventajas concedidas de antemano a Telefónica para operar su propia licencia.

La empresa que obtenga la licencia deberá constituirse en sociedad anónima y ninguno de sus socios extranjeros -salvo que sean miembros de la Unión Europea- podrán tener más del 25% del capital. Todo cambio posterior de accionistas, que supere el 25% del capital, necesitará un permiso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Cobertura

Para establecer las conexiones necesarias para la comunicación telefónica móvil, la empresa adjudicataria podrá alquilar las redes ya existentes de Telefónica, Correos y Retevisión, o crear su propia red. A cambio, estará obligada a lograr una cobertura mínima, que el primer año se extenderá a las siete ciudades más importantes de España (Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Málaga y Zaragoza) y a un radio de 25 kilómetros en tomo a los respectivos cascos urbanos.A los dos años de la concesión, el servicio deberá estar implantado en todas las capitales de las comunidades, autónomas, Ceuta y Melilla, en las capitales de provincia y en las poblaciones que superen los 100.000 habitantes, cubriendo sus zonas industriales y zonas turísticas de Baleares y Canarias. Progresivamente la cobertura alcanzará en cinco años a todas las poblaciones de más de 10.000 habitantes y a todas las carreteras nacionales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de septiembre de 1994