El Senado ensaya un Estado federal

El Senado inicia hoy su primera experiencia federalizante con un debate inédito sobre el futuro del Estado de las autonomías en el que participarán el presidente del Gobierno, Felipe González, y todos los presidentes autonómicos, salvo el lehendakari, José Antonio Ardanza. Todos juntos debatirán sobre los problemas que plantea un Estado de las autonomías desarrollado como la posible reforma constitucional para hacer del Senado una Cámara de las autonomías, la reducción de la administración periférica del Estado para ajustarla a la de las comunidades y evitar duplicidades y disminuir costes, la mejoría del sistema de financiación, la participación de las comunidades en las instituciones europeas o el establecimiento de mecanismos de cooperación entre ellas.Una de las peculiaridades del debate en la Cámara alta es que dos de los principales líderes políticos españoles no podrán intervenir por carecer de la condición de senadores: José María Aznar, presidente del PP, y Julio Anguita, líder de Izquierda Unida (IU). El protagonismo del debate correrá a cargo del presidente del Gobierno y los 16 autonómicos asistentes. Entre éstos figuran nueve socialistas, cinco populares, un nacionalista catalán y otro canario. El nacionalista vasco no asistirá. No obstante, acudirá el vicelehendakari, el socialista Fernando Buesa, aunque su presencia será testimonial. No podrá participar en el debate por ser una atribución exclusiva de los presidentes, pero ocupará un lugar relevante en la Cámara.

Abrirá el debate por parte de los presidentes autonómicos Jordi Pujol, de la Generalitat catalana, y lo cerrará el de Castilla y León, Juan José Lucas. El orden de intervenciones lo estableció la Mesa de la Comisión General de Autonomías del Senado, siguiendo el criterio temporal de aprobación de los estatutos de autonomía. Los presidentes autonómicos podrán utilizar su propio idioma, otra experiencia inédita en la Cámara. Han anunciado que utilizarán su lengua materna Jordi Pujol (Cataluña), Gabriel Cañellas (Baleares), Joan Lerma (Comunidad Valenciana) y Manuel Fraga (Galicia).

En la segunda jornada, el martes, se incorporarán al debate los portavoces de los grupos parlamentarios. Alberto Ruiz-Gallardón llevará el peso por parte del PP y Joaquín Ferrer representará a Convergéncia i Unió (CiU). Izquierda Unida carecerá de portavoz por no disponer de representante en la Comisión General de Autonomías. Se hará oír a través del turno abierto para los senadores de designación territorial. Sus dos únicos senadores, Isabel Vilallonga y Álvaro Martínez, dispondrán de cinco minutos cada uno. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Ricardo Sanz, no participará en el debate en comisión. Al igual que el lehendakari, ha alegado que para su aceptación de un debate multilateral es condición previa el desarrollo del Estatuto de Gernika. Se incorporará a la tercera jornada al pleno del Senado para presentar y votar en las resoluciones finales.

El presidente del Gobierno abrirá hoy el debate con un plazo de tiempo ilimitado y tendrá opción a turnos de réplica y dúplica tanto de los presidentes autonómicos como de los portavoces de los grupos parlamentarios. Felipe González y los presidentes autonómicos participarán en las dos primeras jornadas de debate. En la tercera, dedicada a votar las resoluciones, estarán ausentes.

La pretensión del Gobierno es que las intervenciones de los presidentes autonómicos se centren en un balance de los 14 años de rodaje de Estado de las autonomías y en la propuesta de soluciones para mejorarlo, obviando las reivindicaciones particulares de cada territorio. Es ése también el deseo del presidente del Senado, Juan José Laborda. El Ejecutivo opina que la labor de control corresponde a los portavoces de los grupos parlamentarios que intervendrán en la segunda jornada y que, a su vez, serán los que presenten las resoluciones finales del debate.

Sin embargo, no existen garantías de que el debate se desarrolle de ese modo. Algunos presidentes autonómicos han anunciado que aprovecharán la plataforma que les sirve el Senado para presentar sus reivindicaciones territoriales. Por los socialistas , el caso más rotundo es el de José Marco, presidente de Aragón, quien ha declarado que en su intervención exigirá la autonomía plena para su región con la reforma de su estatuto.

Por los populares, Juan José Lucas, de Castilla y León, pedirá al Gobierno central "un trato similar para su región al que reciben otras comunidades autónomas". El navarro Juan Cruz Alli, de Unión del Pueblo Navarro (UPN-PP) solicitará al presidente del Gobierno que retire el recurso contra la Ley Foral de apoyo a la inversión y a la actividad económica por considerar que es un ataque a la foralidad navarra. El canario Manuel Hermoso también ha anunciado su intención de reclamar la reforma del estatuto de su comunidad.

El principal temor del Gobierno, una vez asumido lo inevitable de algunas reivindicaciones particulares de los presidentes autonómicos, es que la suma de sus reivindicaciones particulares pueda degenerar en un enfrentamiento entre comunidades o, incluso, que se reproduzcan los brotes anticatalanistas de los últimos meses.

En el otro extremo, el temor se extiende a que el debate tenga un carácter teológico, esto es, que la inevitable polémica sobre el cierre o mantenimiento de la apertura del sistema autonómico centre el debate. Es éste uno de los principales puntos de enfrentamiento político en este momento entre el Gobierno y el PP. Junto a él aparece, inevitablemente unida, la discusión sobre la conveniencia o no de proceder a una urgente reforma constitucional que haga del Senado una Cámara de las autonomías. Alberto Ruiz-Gallardón, el portavoz del PP, ya ha anunciado su defensa de una urgente reforma constitucional, mientras los socialistas se inclinan por esperar, al menos, una legislatura. El presidente del Senado, el socialista Juan José Laborda, ha expresado la conveniencia de que antes ruede la Comisión General de Autonomías y dar el paso definitivo a partir de la experiencia de su funcionamiento.

La comunicación que el Gobierno ha enviado a la Cámara recoge las líneas generales por las que Felipe González enfocará el debate. La idea fundamental que rige su intervención es el papel "del Estado de las autonomías como garantía de convivencia. La primera constatación es que España conjuró durante la transición los riesgos que han padecido otros países europes, como la antigua Yugoslavia.

Paliar defectos

A partir de ahí, de la irreversibilidad del modelo, el Gobierno propondrá que se debatan fórmulas de mejoría para un sistema autonómico desarrollado. Además de la potenciación del Senado en la dirección de una Cámara de representación territorial, él Gobierno propondrá paliar algunas deficiencias, como la duplicidad de funciones entre la Administración del Estado en la periferia y las administraciones autonómicas, la participación de las comunidades autónomas en la política comunitaria europea en la que se toman decisiones que afectan a sus competencias, la mejoría de un modelo de corresponsabilización fiscal, puesto en cuestión por tres de las 15 comunidades. a las que les afecta, y la búsqueda de fórmulas de cooperación entre las comunidades.

El popular Alberto Ruiz-Gallardón reiterará la oferta de José María Aznar al Gobierno para avanzar hacia el cierre del modelo autonómico con la delimitación clara de competencias entre el Gobierno y las comunidades, y la reforma constitucional urgente para que el Senado sea una Cámara de representación territorial. Ruiz-Gallardón se inclina también por buscar fórmulas de participación de las comunidades en Europa, por reducir la Administración periférica del Estado y propone cambiar el modelo actual de financiación autonómica, la administración del 15% del IRPF cedida por el Gobierno central.

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, tendrá voz propia. Defenderá la reducción de la Administración periférica del Estado, recogida en su vieja propuesta de Administración única y defenderá la creación de foros multilaterales de colaboración entre Gobierno y comunidades.

El presidente Pujol y el portavoz de CiU, Joaquín Ferrer, pondrán el acento en la defensa a los hechos diferenciales. Hace una semana, Pujol declaró que el debate es una buena oportunidad para, "sin concesiones ni tergiversaciones, explicar una vez más cosas de Cataluña que son de difícil comprensión fuera de Cataluña". La presencia de Pujol aparece rodeada de gran expectación por las duras críticas que ha recibido en los últimos meses desde sectores conservadores.