González apela al secreto oficial para no hablar sobre el uso ilegal de fondos reservados de Interior

La segunda comparecencia de Felipe González para responder preguntas en el Congreso transcurrió entre la ingeniosidad y la amenaza, política, por supuesto. El presidente del Gobierno optó por refugiarse en el burladero de la ley de secretos oficialespara responder al diputado popular Federico Trillo, que no podía decirle una sola palabra sobre el posible uso de fondos reservados para pagar sobresueldos en el Ministerio del Interior. González anunció el próximo envío a las Cortes de un proyecto de ley que posibilite "un control parlamentario" de los fondos reservados manteniendo "el secreto y la reserva". Trillo se fue directo a la yugular del presidente, intentando alcanzarle con el colmillo del Código Penal y advirtiéndole que "no podrá quedarse ni un día en el cargo" si llega a probarse un solo caso de ese uso ilegal.

Trillo amenazó a González desde su escaño: "O aplica la debida diligencia para averiguar hasta la última peseta de uso ilegítimo de fondos reservados, o si se llega a probar un sólo caso y usted no ha puesto esa diligencia, no podrá quedarse ni un día en el cargo de presidente del Gobierno". La contundencia verbal del alegato de Trillo causó el entusiasmo de su grupo, que le jaleó con gritos y aplausos.La ingeniosidad de la tarde la suscitó el mismo diputado después de que González le recordarse que "por su cualidad de jurista" debía saber "que no es posible hablar, ni declarar, ni comunicar nada sobre fondos reservados" y le reprochó que, aunque lo supiera, le hiciese la pregunta. Trillo replicó entonces al jefe del Ejecutivo: "Le agradezco la condición de jurista porque me permitirá que le asesore, señor presidente". Y González contraatacó en la respuesta: "La verdad es que su pasión por la política oscurece su capacidad como jurista". En ambos momentos, Trillo y González cosecharon aplausos de sus respectivos grupos políticos.

Más de 100 diputados

A las cuatro de la tarde se encontraban en el hemiciclo un centenar largo de diputados, entre ellos el líder del PP, José María Aznar, que declaró la semana pasada que no tiene previsto preguntar nada a González, pero sí parece dispuesto a cumplir el rito parlamentario de escucharle los miércoles.

Trillo había formulado la pregunta en términos muy precisos. Quería que González "garantizara" ante la Cámara que no se han efectuado con los fondos reservados pagos de sobresueldos en el Ministerio del Interior y le recordó que desde 1987 ese departamento ha consumido en ese capítulo casi 20.000 millones de pesetas.

Tras la primera respuesta de Felipe González, haciendo valer la ley de secretos oficiales e insistiendo en que él, como presidente del Gobierno, no puede vulnerarla, el diputado del Partido Popular contraatacó buscando la responsabilidad personal del jefe del Ejecutivo en este asunto.

El diputado popular dijo a González que no le preguntaba "por el uso legal de los fondos reservados", sino "por el uso ilegítimo" y recordó el artículo 396 del Código Penal, que castiga el empleo indebido de fondos públicos.

Trillo emplazó al presidente para que abra una investigación interna o lo solicite del fiscal general del Estado, o bien cree una comisión de investigación en el Congreso.

En ese momento, el diputado del Partido Popular subió el tono y advirtió al presidente de su posible responsabilidad personal en una malversación de los fondos reservados y le lanzó un dardo envenenado: "Nuestro partido no le desea ese final".

González replicó asegurándo que Trillo hablaba "sobre la base de suposiciones" y que hacía "afirmaciones que son absolutamente gratuitas". Le reprochó que intentase arrancarle una declaración, "naturalmente de manera capciosa, que vulnere el artículo 13 de la ley de secretos oficiales" y, en esa misma línea argumental, le pidió que no le hiciera "incurrir én una actitud delictiva".

González reconoció que el secreto que debe mantenerse sobre los fondos reservados supone "una gran dificultad para que se entienda desde el punto de vista de la opinión pública" y acabó por asegurar que, si se aprueba el proyecto de ley que anunció, estará "encantado de que el Gobierno esté sometido a ese control parlamentario, como a los otros".

Fuentes gubernamentales aseguran que dentro de dos o tres semanas, como máximo, el Consejo de Ministros aprobará un proyecto que establecerá cierto control de los fondos reservados. La mayor dificultad es asegurar que los diputados que tengan acceso a ese control ofrezcan garantías políticas rigurosas respecto a su secreto total.