El Senado pide más sanciones para empresas que incumplan las normas de seguridad

La ponencia del Senado sobre el coste de la siniestralidad laboral en la construcción ha finalizado sus trabajos. La primera medida ha sido pedir al Gobierno que eleve las sanciones económicas (invariables desde 1980) contra las empresas que imcumplen la normativa de seguridad laboral. Además, propone agilizar los trámites de esas sanciones ante la rapidez con la que nacen y mueren empresas en ese sector. Al, menos el 25% de los empresarios autónomos de la construcción son falsos, lo que explica el incremento de la siniestralidad.

El sector de la construcción es el más peligroso de los cuatro que configuran el entramado económico productivo (servicios, agricultura, industria y construcción). Según la ponencia del Senado, al finalizar 1992 este sector daba empleo al 9,6% de los trabajadores y soportaba el 20% del total de accidentes. Estas cifras no son, sin embargo, distintas a las que cita el informe Lorent para Europa, dónde el sector ocupa al 7% de la población activa y soporta el 15% de los accidentes. Estamos ante el sector laboral más peligroso, tanto en los países avanzados como en los escasamente desarrollados.La falta de formación es el principal factor de inseguridad. El 35% de la siniestralidad tiene su origen en la concepción del proyecto. Pero sin duda es la estructura empresarial del sector la que da las claves más importantes. En España existen unas 250.000 empresas, las 50 mayores asumen el 30% del sector , mientras que el 70% se lo reparten una gran cantidad de empresas. Esto propicia la subcontrata o incluso la subcontrata de la subcontrata. Las inversiones y directrices de seguridad se pierden en este entramado de intereses y nadie asume la responsabilidad de la seguridad.

A pesar de que la legislación en materia de seguridad e higiene en el trabajo es buena, dice la ponencia, tiene escaso cumplimiento, debido a la falta de concienciación. Tampoco existen unos mecanismos de inspección suficientes por parte de los poderes públicos.

Los costes de la siniestralidad se hallan entre el 4% y el 5% del total de la facturación del sector. Según los técnicos que han comparecido en el Senado, si el conjunto del sector dedicara el 3% de la facturación a medidas de seguridad se evitaría la gran mayoría de los accidentes. Estos datos son reconocidos por el propio sector de las constructoras.

También la ponencia pone el dedo en la llaga al señalar que los costes económicos de la siniestralidad laboral en el sector de la construcción no los paga quien los produce, ya que los asume en su eran mayoría la Administración, o sea el conjunto de la sociedad.

Contratación ilegal

La ponencia sugiere que habría que hacer una clasificación de empresas en función de la atención que prestan a la normativa de seguridad. La Ley de Contratos del Estado sería, según el Senado, un buen instrumento para ejercer el control por la vía práctica. El informe resalta el problema de los "falsos autónomos", que han proliferado en los últimos años. "La actual situación de un 25% de autónomos falsos debería evitarse por dos razones. La primera por ser una contratación ilegal y una burla a la ley y la segunda por ser un sistema de trabajo que propicia la siniestralidad", añade.

En sus recomendaciones finales, la ponencia pide potenciar el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para que sea el gran dinamizador entre la patronal y los sindicatos y se encargue de la formación permanente de los trabajadores y sectores directamente relacionados con las obras en construcción.