¿Y a mí quién me paga?

A Inmaculada Vicent, una administrativa de 40 años de la extinta Cámara Agraria Local de La Vilavella (Castellón), el Ministerio de Agricultura le pagaba desde 1982 poco, pero regularmente. Incluso cuando le congelaron el sueldo en 1990 sabía a quién reclamar los trienios atrasados.Fue a principios de 1993 cuando comenzaron los quebraderos, de cabeza para Inmaculada. Entonces dejaron de pagarle el salario mínimo interprofesional que percibía desde hacía 10 años. La Generalitat valenciana, tras recibir las competencias sobre las cámaras agrarias del Estado, las disolvió ese mismo año y transfirió por decreto el personal a las corporaciones locales sin negociarlo con los alcaldes. "Esto ya no existía, pero seguía funcionando", apostilla Inmaculada.

Esta norma convertía al Ayuntamiento de La Vilavella, gobernado por el Partido Popular, en el nuevo patrono de Inmaculada. Hubo una auténtica campaña de insumisión municipal hacia el decreto y muchos ayuntamientos, entre ellos el de La Vilavella, se desentendieron del personal cameral. "El alcalde me dijo que lamentaba mucho lo que pasaba, pero que el ayuntamiento ni quería el edificio ni el personal", relata la administrativa.

El Gobierno valenciano derogó su polémico decreto y convirtió al personal de las cámaras locales en empleados de la Generalitat al terminar 1993. Este galimatías legal tampoco mejoró la situación de la auxiliar de La Vilavella. Si cabe, la empeoró. Arrastraba retrasos salariales desde 1990 y hasta finales de 1993 no logró que la Generalitat le abonase el sueldo de todo ese año.

Buscó en vano que alguien de la Administración le confirmara para quién trabajaba. ¿Soy funcionaria ... ?. Y si lo soy, ¿desde cuándo?", ha repetido hasta el aburrimiento Inmaculada. Con el propósito de averiguarlo recurrió al Defensor del Pueblo y también a su equivalente en el País Valenciano, el Síndic de Greuges (Síndico de Agravios). Del primero sólo consiguió un correcto escrito en el que le explicaba la imposibilidad de examinar su caso por estar pendiente de una resolución judicial. El segundo sí admitió su queja y le apuntó que la última palabra la tenía la Dirección de la Función Pública de la Generalitat.

En la misma situación que Inmaculada Vicent se encuentran otras 11 personas en el País Valenciano. Son el colectivo de los sin jefe que, contratados por antiguos directivos de las cámaras agrarias, no encuentran ahora el reconocimiento oficial de la Administración. "En todo este tiempo ni la Consejería de Agricultura, ni el Ayuntamiento de La Vilavella, ni la Cámara Agraria Provincial de Castellón se han hecho responsables de mis salarios" denuncia Inmaculada.

Ahora lleva desde enero sin cobrar las 62.000 pesetas mensuales que le corresponden. En abril pasado reclamó ante los juzgados de lo social que le pagasen el primer trimestre de 1994. Para no dejar ningún cabo suelto solicitó por escrito a la Generalitat su ingreso como funcionaria pública. Un portavoz de la Consejería de Agricultura apunta que su caso y el del resto están en estudio.

Mientras tanto, Inmaculada ha peregrinado por los despachos oficiales de Castellón y de Valencia con la misma pregunta:

¿Soy funcionaria ... En más de una ocasión ha colgado un cartel de la puerta de su oficina en el que informaba a los vecinos que se ausentaba unas horas para conseguir que le pagaran. Entretanto, largas esperas en las antesalas de despachos oficiales, compromisos dichos a media voz, y papeles y más papeles. Los suficientes como para empapelar los desconchados techos de la oficina en la que trabaja.

Algún cargo político le ha aconsejado esperar a que se liquide el patrimonio de la cámara de La Vilavella para cobrar las 350.000 pesetas que le deben de los años 1990 a 1992. Inmaculada se muestra escéptica ante la posibilidad de sacar partido de un local con las paredes exteriores agrietadas, la talla caída por la humedad y fundadas sospechas de que la aluminosis ha gangrenado su estructura.