PSOE, PP y CiU, dispuestos a estudiar la elevación de la cuantía del delito fiscal

Los principales partidos han reaccionado favorablemente a la sugerencia del presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, de elevar a 15 millones de pesetas el límite para considerar un fraude fiscal como delito. Portavoces delPSOE, del PP y de CiU manifestaron ayer su disposición a estudiar esa propuesta durante la tramitación parlamentaria de la reforma fiscal. El diputado de CIU Joaquín Molins llegó a dar la razón al magistrado en sus dudas sobre la constitucionalidad de la excusa absolutoria.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno establece en cinco millones la cifra a partir de la cual puede solicitarse pena de cárcel para los defraudadores. No obstante, Jesús Caldera, secretario general del grupo socialista en el Congreso, aseguró en Santander que su grupo "no tiene una opinión definitiva y está abierto a cualquier tipo de consideración"."Las normas fiscales", apostilló Caldera, "deben acomodarse al momento en que se vive, a la erosión del IPC y a la inflación". El portavoz socialista señaló que la figura de delito es "muy seria y puede incluso derivar en penas privativas de libertad", por lo que, en su opinión, debe "acomodarse" a la situación actual.

El grupo popular, según su portavoz Loyola de Palacio, considera que se puede aumentar la cifra del delito fiscal, aunque sólo en combinación con otras medidas, tales como una campaña de concienciación de los ciudadanos. Lo más positivo, según la portavoz popular, es que el contribuyente sepa que sus impuestos se usan bien y no se despilfarran.

De Palacio insistió en que su partido es partidario de reducir paulatinamente todos los impuestos directos, por considerarlos demasiado elevados actualmente.

"Sería una aberración", opinó De Palacio, "que se hiciera una ley pensando en Mariano Rubio o en nadie", y no en la generalidad de los ciudadanos. La portavoz del PP hacía así alusión a la posibilidad de que el Gobierno se hubiera inhibido de elevar el límite del delito fiscal para evitar que el ex gobernador del Banco de España se viera exculpado.

También se mostró partidario de la elevación el diputado de CiU Joaquín Molins, quien, pese a no precisar cifra alguna, comentó que dicha cuantía está fijada entre los 12 y los 18 millones en la legislación de otros países occidentales.

Molins dijo que creía que Clemente Auger "tiene bastante razón" en dudar de la constitucionalidad de lo que llamó excusa absolutoria -perdonar al defraudador que pague sus deudas antes de iniciarse el proceso contra él- y sugirió que habría que solucionarlo.

Auger había opinado el martes que el momento en que el defraudador regularice su situación es irrelevante, ya que, según él, es una ingenuidad "pensar que el tratamiento penal va a ser el mismo para los sujetos activos del delito que hayan pagado y los que no". El presidente de la Audiencia Nacional había señalado también que la excusa absolutoria debería ser establecida por los tribunales, y no por el ministerio de Hacienda, tal y como pretende la reforma propuesta por el Gobierno. La tendencia, advirtió el magistrado, es al sobreseimiento una vez que se ha saldado la deuda ya que "de lo que se trata es de corregir el fraude, no de castigar conductas".