Tierra de fuego

Si Magallanes navegase hoy por el Mediterráneo seguramente reservaría el nombre de Tierra de Fuego para España en lugar de aplicárselo a la Patagonia.Cuentan las crónicas que el gran marino portugués, en su periplo alrededor de la Tierra, dio este nombre al archipiélago suramericano, hechizado por los fuegos que se divisaban desde su barco. Los siglos han pasado y el fuego arrasa los bosques españoles con mayor virulencia que antaño. En 1985 ardieron en España cerca de 500.000 hectáreas. Cuatro años más tarde, en 1989, más de 400.000 hectáreas se convirtieron en ceniza en otro año negro. Un lustro después, las cosas no han cambiado. En lo que va de año, los incendios han calcinado cerca de 300.000 hectáreas, según anunció en su última comparecencia el ministro de Agricultura, Luis Atienza.

Cuando en 1980, Cataluña y Galicia, y, posteriormente, en 1984, Andalucía -tres de las comunidades más castigadas este año por el fuego- recibieron de la Administración central las competencias en materia de prevención y extinción de incendios, no podían imaginar que entre 1985 y 1994 arderían en España 2.400.000 hectáreas, una superficie equivalente a tres veces la provincia de Madrid.

Durante los últimos años, las autonomías se han dotado de mejores medios técnicos y humanos para luchar contra el fuego pero han descuidado la prevención. Así lo confirman las conclusiones del informe sobre incendios forestales presentado el año pasado en el Senado. Sin embargo, las comunidades están reaccionando. Han diseñado planes de actuación y promulgado leyes y reglamentos, cuyas acciones van encaminadas a la limpieza del bosque, realización de cortafuegos, instalación de puntos de agua, y habilitación de zonas la extinción del fuego.

"En Andalucía elaboramos planes comarcales de una vigencia de cuatro años, que son consensuados con los colectivos afectados", dice Francisco Rodríguez Silva, director del Centro Operativo regional del plan de lucha contraincendios Infoca'94, que cuenta con un presupuesto de 7.410 millones de pesetas.

Vicent Yusá, director general de recursos forestales de la Comunidad Valenciana, donde en 1993 fue aprobada la Ley Forestal, afirma: "El trabajo a medio y largo plazo se completa con un programa anual, que se acompaña con normativas según avanza la temporada de riesgo". Y añade: "En Valencia -como en Andalucía-, el monte no es productivista. Su papel es de protección del suelo y cultural". De los 6.000 millones de presupuesto de la campaña PREVIFOC'94, la comunidad levantina ha destinado a prevención 1.800.

Para Cataluña, este año vuelve a ser aciago. El programa Foc Verd (Fuego Verde), puesto en marcha en 1986, no ha conseguido atajar este verano las llamas. El año pasado, la oposición ya recriminó a la Generalitat que descuidaba la prevención. Las críticas han resurgido después de que en 1994 se hayan calcinado 52.000 hectáreas. Según los expertos, además de un buen servicio de bomberos, la mejor forma de combatir y prevenir los fuegos es conseguir que el bosque vuelva a ser objeto de actividades económicas rentables. El propio Jordi Pujol, presidente catalán, reconoció el 12 de agosto que hay que corregir la política antiincendios a la vista del desastre.

Desde la Administración central, Pedro Molina, subdirector general del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), es tajante: "Los fuegos se apagan en invierno". "Por eso, realizamos campañas de sensibilización de la población y de coordinación con las autonomías". Molina afirma que el Gobierno tiene previsto elaborar, en la actual legislatura una ley de ordenación de montes que contemple los incendios forestales.

En 1988 se puso en marcha el Plan de Prevención de Incendios Forestales. Dentro de él, el Plan de Acciones Prioritarias (PAPIF) ha destinado este año 1.845 millones de pesetas a la prevención. Sus acciones son financiadas al 50% entre el ministerio de Agricultura y las autonomías y tienen una tasa de retorno de fondos de la Unión Europea que oscila entre el 45 y el 75% de lo invertido. En total, el ministerio de Agricultura dedicará este año alrededor de 2.000 millones a prevención, según Molina.

Sin embargo, la oposición arremete contra el titular del departamento, Luis Atienza. Teófila Martínez, diputada popular:"No se puede achacar a las extremas condiciones climatológicas la catástrofe de este verano. Hay que prepararse durante todo el año. Es como si en Canadá no tuvieran quitanieves". Martínez defiende la promulgación de una ley básica que controle y coordine el trabajo de las comunidades.

Ángel García Castillejo, responsable de medio ambiente de Izquierda Unida, lamenta que todos los años se produzcan los mismos problemas: "Falta de coordinación y ausencia de una política coherente a lo largo del año". Por esta razón, y ante la inquina de las llamas, su partido presentó en julio una proposición no de ley, que aún no ha sido debatida, "para que el Gobierno adopte diversas medidas de prevención y extinción".

Los ecologistas también ven latir el fuego bajo los rescoldos. Mario Rodríguez, coordinador de la Campaña de Protección de los Bosques, de Greenpeace, es rotundo: "Hay que potenciar la prevención e incentivar a los propietarios de los bosques -en España, el 70% son privados- con ventajas fiscales y ayudas económicas". Y añade: "Respecto a la limpieza de las masas forestales, pensamos que debe ser selectiva porque algunos matorrales son necesarios para el bosque".

Greenpeace celebrará, en septiembre, con Izquierda Unida, otros grupos ecologistas (AEDENAT, CODA) y sindicatos unas jornadas, "cuyos resultados serán trasladados a una iniciativa parlamentaria". "Queremos hacer una propuesta global", señala Castillejo. "Hasta ahora. ha habido un parcheo. Pretendemos que los resultados sean contem-plados en los presupuestos generales del Estado de 1995"

Parcheo o no, todos defienden lo mismo: el monte y la riqueza forestal. Cuando arde el bosque, se encienden las pasiones y se buscan culpables. "El fuego es inherente a nuestras tie rras", dice Castillejo, y el árbol, un bien escaso y en constante pe ligro en España; máxime cuando castigan el sol, el viento y la se quía. Todos los estamentos implicados parecen coincidir en que hay que potenciar la prevención. Pero la oposición y los grupos ecologistas reclaman, además, mayor planificación y coordina ción porque el fuego no entiende de autonomías.