España tramita todas las peticiones de asilo de cubanos

Las autoridades españolas han decidido que las restricciones en las peticiones de asilo no afecten a los ciudadanos cubanos. Según fuentes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los funcionarios de Interior tienen "la manga ancha" con los cubanos que llegan a los puestos fronterizos, pese a no ser "individualmente" perseguidos políticos, condición básica para obtener el estatuto de asilado.La admisión de los ciudadanos procedentes del país caribeño se ha acelerado en las "dos últimas semanas por razones humanitarias". La crisis que vive Cuba desde el 6 de agosto, tras la revuelta de La Habana, ha propiciado la huida diaria de cientos de refugiados. Desde el 13 de junio, fecha de la entrada en vigor de la Ley de Asilo, se han recibido 48 solicitudes de refugio de ciudadanos cubanos, de las que sólo cinco fueron rechazadas. Sin embargo, estas personas consiguieron, finalmente, entrar en territorio español.

Menos solicitudes

La Ley de Asilo, impugnada el martes ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, ha cumplido su papel disuasorio. Desde su entrada en vigor, las peticiones de asilo se han reducido a la mitad, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Desde enero de 1993 hasta junio del presente año, las autoridades españoles recibían cada mes, aproximadamente, mil solicitudes de asilo. La organización humanitaria ha indicado que, en la actualidad, la cifra asciende a unas 500 peticiones mensuales.El artículo recurrido por el Defensor del Pueblo, Margarita Retuerto, fue introducido por el Ministerio del Interior como una vía rápida para diferenciar al asilado que huye de su país por razones políticas, étnicas o religiosas, del inmigrante económico. Retuerto ha considerado que la retención de los solicitantes de asilo en los puestos fronterizos por un tiempo que supera las 72 horas y que puede llegar a los siete días vulnera el derecho a la libertad.

El diputado de Izquierda Unida Diego López Garrido afirmó ayer que, como medida preventiva, "el Ministerio de Justicia e Interior debería comunicar a los jueces las peticiones de asilo para que éstos tutelen estos procedimientos y puedan paralizar la expulsión de extranjeros".