La incipiente recuperación del consumo permitió aumentar la recaudación por IVA un 20% hasta julio

El déficit no financiero del Estado en términos de caja se ha reducido hasta el mes de julio en 404.100 millones de pesetas, lo que significa un 22,7% menos que la cifra alcanzada en igual periodo del año anterior. Prosigue así la tendencia a la reducción del saldo no financiero del Estado iniciada en febrero pasado. La mejora se ha producido gracias a un menor aumento de los pagos en caja (3,3% en los siete primeros meses del año) que el registrado en los ingresos (9,6%). Dentro de éstos, los que gravan directamente el consumo -especialmente el IVA, con un aumento del 20%-están creciendo a un ritmo del 17,6%. Se consolida así la recuperación de este tipo de impuestos que el año pasado sufrieron los embates de la crisis.

En total, la diferencia entre ingresos y pagos no financieros alcanzó en los siete primeros meses del año los 1,37 billones de pesetas. La cifra se encuentra por de bajo de la registrada en igual pe riodo del año anterior (1,78 billones) y es también inferior a la que había en junio pasado (1,62 billones). Esta reducción se ha conseguido gracias a que en julio último hubo un superávit de cerca de 250.000 millones de pesetas frente a otro de 13.400 millones en el mismo mes del año anterior.Se trata también de un nivel más que aceptable si se tiene en cuenta que el presupuesto aprobado en Las Cortés sitúa la diferencia entre ingresos y pagos en 3,46 billones de pesetas. Es decir, transcurridos ya siete meses completos del ejercicio, el déficit financiero del Estado en términos de caja (la diferencia entre lo que efectivamente se paga. y se ingresa sin contar las amortizaciones de deuda pública) no ha consumido aún Ja mitad de lo previsto.

Mayores pagos

No obstante, habrá que esperar a final de año y al acelerón que normalmente se produce en los pagos durante el último trimestre. La estimación actual del Ministerio de Economía es que el ejercicio acabará con un gasto superior en 400.000 millones de pesetas a lo presupuestado, aunque se compensará con un incremento similar en los ingresos. De esta forma, se cumpliría el objetivo de acabar el año con una cifra de déficit inferior a la registrada en diciembre de 1993 (3,77 billones).

De hecho, aunque los pagos están creciendo a un ritmo superior al presupuestado, la velocidad es mayor para los ingresos. Los gastos han aumentado hasta julio un 3,3% cuando lo que se presupuestó en septiembre pasado para todo este año fue un descenso del 1,3%. En los ingresos, el incremento es en los siete primeros meses del año, del 9,6%, cuando lo previsto era también un crecimiento del 3,7%.

La clave está en que la economía se está recuperando con más fuerza de lo previsto y el propósito del Ministerio de Hacienda es que ello no sea argumento para gastar más, sino para reducir el déficit. Un indicador claro es lo que está ocurriendo con los denominados impuestos indirectos -IVA e impuestos especiales, sobre todo- que son los que directamente gravan el consumo. En lo que va de año, la recaudación por estos conceptos ha crecido un 17,6%, cuando lo previsto en el presupuesto era de un 12,1%.

Este es un ritmo que se mantiene desde febrero pasado, aunque los primeros meses del año se comparaban con periodos en que la recaudación por IVA se hundió al desaparecer las fronteras con la Unión Europea. Ahora, una vez transcurrida más de la mitad del ejercicio actual, la explicación está en una incipiente recuperación del consumo privado.

En el impuesto sobre la renta, sin embargo, la recaudación se mantiene dentro de lo previsto (algo más del 6%). Este año, las devoluciones se han iniciado antes pero el volumen será mayor que en 1993, lo que puede contrarrestar la mejora en los niveles de paro.

La relativamente moderada evolución de los pagos en caja es, por otra parte, un reflejo de por dónde se está cerrando el grifo. En concreto, en las inversiones reales (caída del 11, 5% hasta julio) y en los gastos corrientes (descenso del 18,1%). Los pagos financieros (intereses de la deuda) aumentan un 7,2% y las transferencias corrientes, un 5,4%; es decir, las mayores tensiones siguen enquistadas en los pagos forzados por la crisis económica y por los compromisos con otras administraciones.